Atinada paralización
De promulgarse una ley de esta naturaleza se convertiría en una amenaza a la inversión privada, sin ofrecer beneficio alguno a los trabajadores, con lo que el perjuicio para la economía sería doble
Desde que comenzó el declive de los precios de los bienes primarios en los mercados internacionales, que fue abrupto y de gran magnitud, muchos economistas, dirigentes empresariales y observadores advirtieron sobre la necesidad de realizar acciones de ajuste o adaptación a las nuevas condiciones. La desaceleración en el crecimiento de los países de reciente industrialización y el continuo desarrollo de nuevas tecnologías de reciclaje y mejor aprovechamiento de materiales y energéticos anticipaba que esa caída en los precios no sería pasajera.
Lamentablemente, el Gobierno apostó por lo contrario: reaccionó en forma similar a la actitud que adoptó durante el bajón de 2008-2009, y que le resultó favorable, y seguramente pensó que se repetiría la misma situación. Sólo así se explica que durante un buen tiempo hayan negado los efectos de la crisis, asegurando que nuestra economía estaba blindada frente a shocks internacionales y contaba con el modelo más exitoso de desarrollo.
No ha sido así. Los precios han caído y permanecen en un nivel muy inferior a los alcanzados en la bonanza y su efecto es perceptible: decrecen las exportaciones y los ingresos fiscales, generando déficits en la balanza comercial y en los presupuestos públicos, se ha perdido reservas internacionales y acumulado deuda pública, realidad que ha obligado a improvisar iniciativas de reactivación que, sin embargo, pueden ser contraproducentes y acelerar la crisis
En el Día del Trabajador decretaron un nuevo aumento del salario que, como señalan las mismas autoridades, pueden generar más desempleo. Luego, el Presidente presentó un programa de “empleo urgente” para absorber los posibles despidos del sector público. Y ahora pone a consideración de la Asamblea un proyecto para crear “empresas sociales” que más huele a confiscación. Si las dos primeras medidas pueden considerarse transitorias, esta última introduce una perspectiva de más largo plazo, con la misma orientación antiempresarial cuyo impacto será, obviamente, el de desalentar la inversión en el país.
Sin duda, de promulgarse una ley de esta naturaleza se convertiría en una amenaza a la inversión privada sin ofrecer beneficio alguno a los trabajadores, con lo que el perjuicio para la economía sería doble. De ahí que, pese a que ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y ha pasado a la de Senadores, la rotunda reacción en contra que ha generado —y no precisamente por culpa de los medios de comunicación— ha hecho que el Presidente del Estado haya instruido que se paralice su tratamiento en la Cámara de Senadores y se abra un amplio espacio de diálogo para su perfeccionamiento y adecuación a la Constitución Política del Estado y el marco jurídico vigente, para lo cual se ha invitado a representantes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Santa Cruz.
Es de esperar que prime la serenidad en el análisis y que la oportuna decisión del oficialismo sea canalizada de mejor manera. La demagogia y la improvisación son muy malas consejeras, y peor aún en tiempos de crisis.
