LaMia 2933, seis meses después
Tan compleja maraña de intereses no puede ser fácilmente desenredada. Mucho menos si lo que hay de por medio son varias centenas de millones de dólares
Durante los últimos días, justo seis meses después desde que el 28 de noviembre se produjera el fatal accidente del vuelo 2933 de la empresa Lamia, el tema ha vuelto a ocupar un lugar importante en la agenda informativa nacional. Y aunque la mayor parte de los medios nacionales no le dan la importancia que merece, ha devuelto actualidad a un asunto que desde nuestro punto de vista tendría que ocupar un lugar prioritario entre nuestras preocupaciones.
Lo que ha devuelto actualidad al caso Lamia ha sido un reportaje de la cadena CNN según el que el meollo del asunto radica en las múltiples irregularidades que se fueron acumulando por la falta de correspondencia entre las normas que rigen la actividad aeronáutica internacional y el vuelo Lamia 2933.
El mencionado reportaje ha tenido el mérito de recordarnos que estamos ante un tema que está lejos de haber sido resuelto. Y aunque no revela nada nuevo, pues todo su contenido ya era conocido, tiene el mérito de contribuir a que no quede impune la fatal combinación entre la negligencia y la corrupción que suele campear a sus anchas tanto en el sector público como en el privado en toda Latinoamérica. Eso vale tanto para Bolivia como para Colombia y Brasil, los tres países más directamente involucrados, y de paso, lo que no es un detalle nimio, el caso ayuda a alumbrar los hilos que se mueven en el negocio futbolístico internacional.
En lo que a Bolivia corresponde, la evolución del proceso investigativo pone en muy serios apuros tanto al Estado Plurinacional de Bolivia, a través de sus reparticiones complicadas en el tema, como a las empresas privadas involucradas directa o indirectamente en cada una de las aristas de tan escandaloso caso.
Los ángulos desde los que se puede enfocar el asunto son muy diversos, pero el más importante de todos es el relativo a los seguros porque es el que pone a prueba la legalidad vigente para regular los potenciales conflictos de intereses entre las personas, los Estados, las empresas privadas y las corporaciones futbolísticas como la FIFA, la Conmebol y sus subsidiarias. Y es ahí donde, desde el 29 de diciembre, un día después del accidente hasta hoy, se centran las controversias.
Que así sea no es un detalle menor. Es que estamos ante un litigio representado por los 71 muertos —independientemente de su nacionalidad—, por una parte, frente a tres Estados —Bolivia, Brasil y Colombia— y empresas privadas —LaMia, las aseguradoras y reaseguradoras y la red que maneja el negocio futbolístico mundial, continental y nacional—, por la otra.
Tan compleja maraña de intereses contrapuestos no puede ser fácilmente desenredada. Mucho menos si la disputa que hay de por medio involucra a varias centenas de millones de dólares, cada uno de los cuales tiene un efecto multiplicador.
Bolivia —para bien o para mal— ocupa, por azar de las circunstancias, un lugar central en tan conflictivo escenario. Lo que según el punto de vista que se elija puede ser una oportunidad para que las relaciones entre el Estado y sus tres niveles, las empresas privadas y los negocios deportivos sean abundante fuente de mejoramiento o empeoramiento de nuestra calidad de vida.
