Las investigaciones sobre el caso LaMia
Despejar las dudas existentes es no sólo una obligación hacia la población boliviana sino también fundamental para evitar que la imagen internacional de nuestro país quede mancillada
Siete meses han transcurrido desde que el 28 de noviembre de 2016 se produjera el accidente del vuelo 2933 de la línea aérea LaMia, en el que murieron 71 personas y a pesar de la gravedad del caso, y de lo urgente que es la necesidad de identificar las causas que lo hicieron posible, los resultados que arrojan las investigaciones son, por lo menos por ahora, de lo más decepcionantes.
En efecto, los procesos investigativos abiertos contra las personas más directamente relacionadas con el caso para identificar a los responsables, sancionar a los culpables y absolver a los inocentes, no han dado hasta hoy ningún elemento de juicio útil para avanzar hacia el esclarecimiento del caso. Al contrario, todo parece indicar que los esfuerzos se dirigen en sentido contrario, de modo que el olvido poco a poco vaya abriendo paso a la impunidad, lo que a su vez impediría que se hagan los ajustes necesarios en las reparticiones estatales cuyos malos manejos fueron, según todos los indicios, corresponsables del desastre.
Una de las razones en las que se basa el temor de que las investigaciones están mal encaminadas es que la comisión de fiscales que fue conformada para dirigirlas no ha dado suficientes muestras de prontitud, transparencia e idoneidad profesional. No ha emitido ningún informe que dé cuenta de los avances en su tarea, por parciales que estos fueran, actitud que en nada contribuye a despejar las dudas que pesan sobre el caso.
Es alarmante, por ejemplo, que no se haya hecho ningún esfuerzo para aclarar el origen de la propiedad de la empresa LaMia y del avión que protagonizó el accidente. Y lo mismo puede decirse de la falta de explicaciones sobre las relaciones contractuales entre la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y el o los propietarios de dos aviones de LaMia que se encuentran en sus hangares.
Con algo de buena fe, podría atribuirse la falta de información sobre esos y otros aspectos del caso a un prudente sigilo, de modo que sería sólo cuestión de esperar con paciencia que la comisión de fiscales concluya su labor. Y es de esperar que así sea. Sin embargo dados los antecedentes de este y otros casos, hay motivos para temer que sean otras las causas de la falta de informes.
Es necesario recordar, por otra parte, que la importancia de esta investigación se multiplica porque su desarrollo está bajo la mira de otros países interesados en conocer los resultados. No se debe olvidar que está en curso otro proceso de investigación sobre el mismo caso a cargo de instituciones de Colombia y Brasil y tarde o temprano llegará el momento en que sus resultados sean confrontados con los que obtengan los fiscales bolivianos. Cuando eso ocurra, será muy difícil evitar que las eventuales fallas y omisiones sean puestas en evidencia. Razón suficiente para que las autoridades que tienen a su cargo el caso comprendan que despejar las dudas existentes es no sólo su obligación hacia la población boliviana sino también fundamental para evitar que la imagen internacional de nuestro país quede mancillada.
