Vestir de golilla, peluca y falda cerrada

En la línea del Tribunal Constitucional y sus regulaciones revertidas a la rápida, iba a proponer que los abogados repusiéramos el traje oficial instituido por decreto de la Audiencia de Charcas, en 1792. Lo dejaron en desuso la República, la “modernidad” y nuestra voluble jerigonza política. Nada impide, empero, que una corporación reviva sus usos y costumbres. Redundaría además en nuevos encargos para los sastres.

Por si lo ignora, el traje oficial de abogado en Charcas consistía en “golilla y manto talar; peluca o pelo propio (en tanto se pueda, digo yo) decentemente peinado; ropilla de falda cerrada y manga redonda ancha; sombrero de seda fuera del tribunal; en las salas gorra igualmente forrada y de ala corta.”

Como añade el historiador Clément Thibaud, los abogados de Charcas no ganaron el derecho a portar bastón, como sí los de Lima y los indios nobles. Hoy en su remplazo bastaría un paraguas oscuro, siempre que cubriera holgadamente la distancia entre el suelo y el puño, sin forzar a agacharse. La actitud de algunos dueños del poder público ya nos induce a diario a tomar esa postura servicial. Sería un exceso un paraguas corto que obligara, además, a inclinarse.

Un observador de mediados del siglo XIX que entró a Bolivia por Perú, apuntaba cuán preocupados por su apariencia lucían nuestros ancestros. Al grado que, cito de memoria, deslizaba un desdén muy sajón por quienes, como esos paisanos andinos, presumían que la facha es primordial.

Algunos lo atribuyen a nuestra génesis católica, icónica, ornamental. Las apariencias, la fiesta y los adornos, el barroco, fueron en cierto sentido más relevantes que el espíritu religioso. A la vez, descendemos de sociedades del honor. Es odioso admitirlo, pero por vía española e indígena, se trataba a la gente según se veía.

Es fácil reír de atavismos como el del Tribunal Constitucional. Pero sigue vivo el mundo de apariencias regladas que fuimos, en el que cada gremio, cada estamento se exterioriza mediante telas, monteras o atavíos. Y en general continuamos venerando ese mundo, inconscientes. No por nada el atuendo de Evo fue central en 2006. Un boliviano común de chompita en su gira europea; un indígena de estilizado traje, cuando asumió el poder.

Siguiendo en la política, el primer mirismo abolió la corbata para reanudarla en su Gobierno como marca de “madurez”. Una historia igual traduce la indumentaria de un antiguo radical chic , el Vice, ahora de traje y corbata. Prueba de que se puede estar emparentado a las clases a las que se fustiga.

Ahorrándome suposiciones sobre gustos y colores, el Tata Belzu llamaba a unir “poncho y chaqueta” porque ya la ropa delataba nuestras diferencias. Pero no es preciso ser literalmente fieles a esa metáfora al punto de llevar solo poncho o chaqueta, alternadamente. La cosa es que la vestimenta es un signo público. Como el asesor Jacques Seguela recomendaba a François Mitterrand: “nadie escuchará lo que tenga que decir de la solidaridad si se viste como banquero”.

Como en otros lares, la ropa también sirve aquí para vociferarle nuestra importancia al interlocutor. Y menos, aunque a veces, para manifestarle respeto, como los niños de primera comunión, arropados invariablemente de saco azul y camisa blanca.

Por ejemplo, el empresariado más tradicional del occidente de Bolivia emula, obediente, el ajuar de la comunidad de negocios mundial. Es un uniforme que pocos se animan a transgredir, temerosos del despeñamiento social que supondría una ruptura de la etiqueta corporativa.

Incluso si el Tribunal Constitucional no hubiera desenterrado la cuestión, cada quien seguiría nomás calculando los beneficios, códigos o perjuicios de su vestuario. Hasta los que llevan polera del Che, tatuajes o peinado punk.

Como los parlamentarios que en 2006 exhibieron cascos o plumas, o los excandidatos a magistrados, hábiles al desempolvar la virreinal manta de chola, el look de ilustrado patricio o de jilakata , nada más para convencer de que merecían honores. Más de los que los méritos solos permitirían.

 El autor es abogado