Impugnaciones, una última oportunidad
Quienes tienen en sus manos tan importante tarea deben recordar que sobre sus actos y sus decisiones estará puesta la mirada vigilante de quienes todavía no han perdido del todo la esperanza en detener el camino hacia el colapso del sistema judicial
Con el vencimiento, el pasado lunes, del plazo fijado para la presentación de impugnaciones contra aspirantes a los principales cargos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el proceso que conduce a la renovación del Órgano Judicial Plurinacional ha ingresado a una de sus últimas etapas. Ahora, está en manos de la Comisión Mixta de Constitución revisar cada impugnación, hacer una valoración de las pruebas presentadas y resolver a favor o en contra en cada uno de los casos.
No es fácil la tarea que le espera a la Comisión evaluadora, pues son más de 200 las impugnaciones presentadas por la bancada de oposición Unidad Demócrata, la Universidad Mayor de San Andrés y otras personas e instituciones. Las más comunes de las razones en las que se fundamentan son la presunta ligazón con el MAS y supuestos hechos de corrupción en los que habrían incurrido los postulantes cuestionados.
Según el cronograma que rige el proceso, a partir de hoy la Comisión tendrá ocho días para analizar cada uno de los más de 200 expedientes, lo que equivale a más del 70 por ciento de los postulantes.
Tan abultado porcentaje es en sí mismo un elocuente indicador de lo dudosa que resulta la manera como la Comisión Mixta de Constitución ha llevado hasta ahora su labor, pues lo más adecuado hubiera sido que las causas en las que se fundamentan las impugnaciones fueran identificadas más oportunamente. Más aún si la principal razón, en la mayor parte de los casos, tiene que ver con los muy fácilmente verificables vínculos de afinidad política con las fuerzas gubernamentales. Es el caso de 63 aspirantes que serían funcionarios en las diferentes entidades del Órgano Ejecutivo.
Tan cuestionable como lo anterior es que al menos 128 postulantes a la renovación del Órgano Judicial fueron sus integrantes durante los últimos años. Entre todos ellos se destaca el caso del actual presidente del TSJ, ahora aspirante al TCP, quien, además de haberse declarado franca y abiertamente “el hincha número uno” del primer mandatario, lo que pone en evidencia su falta de independencia, tiene muy serios indicios de responsabilidad en los malos manejos económicos en los que se incurrió en la “Escuela de Jueces”.
Con esos antecedentes, y en vista de los abundantes que ya son las dudas que hay sobre la seriedad y transparencia con que está siendo llevado adelante el proceso que conduce a las elecciones judiciales del próximo 3 de diciembre, lo menos que puede exigirse a la Comisión Mixta de Constitución es que no siga multiplicando la desconfianza. Ésta es la última oportunidad que tiene para detener el descrédito, por lo que es de esperar que actúe con el máximo rigor y sin ningún tipo de contemplaciones.
Quienes tienen en sus manos tan importante tarea deben recordar que sobre sus actos y sus decisiones estará puesta la mirada vigilante de quienes todavía no han perdido del todo la esperanza en detener el camino hacia el colapso del sistema judicial. Es de esperar que sepan ponerse a la altura de la responsabilidad que eso implica.
