JOCA, una cruel burla contra Cochabamba
Como si los dos años transcurridos no fueran suficientes para poner en evidencia lo mal encaminado que desde un principio estuvo este proyecto, lo que el Gobierno propone es reincidir en tan cuestionable forma de actuar
La noticia según la que el 5 de julio pasado el Gobierno nacional aprobó el Decreto 3245, mediante cuyo único artículo instruye al Tesoro General de la Nación (TGN) que se haga cargo de la financiación del “Tren Metropolitano de Cochabamba”, ha agregado un nuevo eslabón a la ya muy larga cadena de irregularidades que son la característica principal de este proyecto.
Como es fácil recordar, la cadena a la que nos referimos comenzó a armarse la noche del 11 de septiembre de 2015, cuando de manera sorpresiva y sin que medie ninguna explicación convincente o al menos razonable, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), decidió hacer a un lado a la empresa Hyundai Rotem de Corea para sustituirla por la española JOCA Ingeniería y Construcciones.
El argumento con que la autoridades gubernamentales justificaron tan súbita decisión fue que si bien Hyundai presentó una oferta más conveniente en términos técnicos y económicos, JOCA habría ofrecido el financiamiento necesario, más de 500 millones de dólares, para la ejecución de la obra bajo la modalidad “llave en mano”.
De nada valió que inmediatamente después de ese anuncio se pusiera en duda la seriedad de esos compromisos, pues se evidenció que la española JOCA no era más que una pequeña empresa constructora agobiada por problemas de insolvencia económica y por muchos juicios que pesaban en su contra por incumplimiento de contratos y denuncias de soborno a funcionarios públicos en su país de origen y en otros de Latinoamérica.
Se demostró también que esa empresa dio información falsa sobre su supuesta experiencia en el rubro ferroviario. Más aún, desde un principio se dudó de la versión según la cual la fuente de financiamiento ofrecida por JOCA sería un consorcio denominado Icadi. Ni la empresa española ni el MOPSV pudieron demostrar la real existencia de ese supuesto consorcio financiero, a pesar de lo que el proceso siguió avanzando.
Como si esos no fueran motivos más que suficientes para dejar sin efecto tan cuestionables tratos y contratos, las dudas continuaron multiplicándose cuando los meses fueron transcurriendo sin que la empresa española sea capaz de presentar los estudios técnicos, financieros, ambientales y urbanísticos que sustentaran la viabilidad del proyecto y mucho menos dio alguna prueba de seriedad sobre el financiamiento ofrecido.
Con esos antecedentes, y cuando nos aproximamos a una nueva celebración del 14 de septiembre, el proyecto del Tren Metropolitano ha vuelto a salir del olvido para adquirir nueva actualidad. Y lo hace de la peor manera posible pues, en un tácito reconocimiento de lo falsas que fueron todas las informaciones oficiales hasta ahora dadas sobre este tema, se ha anunciado la decisión gubernamental de suscribir un nuevo contrato con JOCA, también en forma irregular, pues se dio plazo de cinco días para la presentación de propuestas en una invitación directa a alrededor de 25 empresas. Es decir, lo que se propone es reincidir en una inadmisible forma de actuar, como si Cochabamba, sus habitantes y sus instituciones no merecieran un mínimo de respeto y consideración.
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