Sin Estado, justicia por mano propia
Este conflicto también da cuenta del creciente distanciamiento entre la gente y las autoridades, cada vez más apoltronadas en una burocracia ineficiente
Probablemente, las autoridades de gobierno y productores agrícolas de Parotani y del valle bajo hayan suscrito anoche un acuerdo para atender la demanda de ejercer mayor control al ingreso de productos agrícolas del exterior, particularmente de Perú. Si fuera así, se suspendería la movilización de los productores que desde el lunes pasado controlaron el ingreso a Cochabamba de camiones provenientes del país vecino, circunstancias en que decomisaron alrededor de 500 cargas de papa, pese a que contaban con los permisos correspondientes.
Si bien este tipo de movilización es novedoso, el problema no es nuevo. Los productores campesinos han estado tradicionalmente sometidos a presiones de intermediarios, internamente, y del ingreso de productos agropecuarios desde los países vecinos, presiones que se traducen en la reducción de precios de sus productos, al punto que, como han asegurado, estos se encuentran muy por debajo de sus costos de producción.
Esta situación puede ser abordada desde diversas aristas que dan cuenta de lo mucho que se debe trabajar –no prometer– para crear condiciones de producción que permitan a los productores tener dignos niveles de vida.
Es posible sostener que el problema fundamental es que la productividad de los agricultores de esas zonas es tremendamente baja por factores como calidad de la tierra, cambio climático, falta de tecnología, escalas de producción, entre otros. En este aspecto, la acción del Estado es fundamental, pues debería tener la capacidad de impulsar diversos programas de desarrollo productivo, asistencia técnica, apertura de mercados, etc. Lamentablemente, desde principios de este siglo y por presión de grupos de interés incrustados en organizaciones campesinas, han ido desapareciendo centros de investigación agropecuaria que prestaban importantes servicios de asistencia a los productores campesinos. Tal vez el caso más llamativo, pero no único, es el desmantelamiento y destrucción de los laboratorios instalados en Patacamaya. Por tanto, se trata de una deuda que el Estado mantiene con este sector.
Otra arista es el contrabando y el aparentemente mal control que realiza el Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). Obviamente, en la medida en que ambas instituciones no cumplan eficientemente su misión de controlar el contrabando y el ingreso indiscriminado de productos agropecuarios del exterior, crean un espacio que alguien debe cubrir, provocando que ese alguien que asume esa función no tiene atribución alguna. Es decir, se aplica la justicia por propia mano, actitud desintegradora por excelencia.
Por último, este conflicto también da cuenta del creciente distanciamiento entre la gente y las autoridades, cada vez más apoltronadas en una burocracia ineficiente. De no ser la intervención de la Brigada Parlamentaria del departamento, las autoridades del Órgano Ejecutivo probablemente seguirían desentendiéndose del problema, actitud que, como sucede en forma recurrente, sólo abre la posibilidad de que éste crezca hasta salir de control.
El tema está planteado y es de esperar que las reuniones entre productores y autoridades que comenzaron ayer lleguen a buen término, sirvan para establecer mecanismos fluidos que garanticen el funcionamiento adecuado del Estado y ayuden a que las legítimas demandas ciudadanas sean oportuna y eficientemente atendidas.
