Orígenes del “rentismo” industrial boliviano
Paradójicamente, fueron los pioneros bolivianos de la minería petrolera, quienes, desde los albores del siglo XX, comenzaron a demandar la intervención directa del Estado en el sector productivo, al caso, la industria petrolera. Como señala el investigador Stephen Cote: “rogaron años al Estado tomar medidas para el sector, creando una oficina central de información, realizando estudios geológicos, carreteras y líneas férreas en las regiones petroleras. En su lugar, al igual que la mayoría de los capitalistas locales, el Estado se centró en los sectores rentables de la minería (estañífera) y el caucho”.
En efecto, de 1898 a 1932, las políticas públicas relativas a la minería fósil, no trascendieron a la ordenación de marcos normativos, por lo general, eximiendo patentes, ampliando la extensión de las concesiones mineras del rubro, e introduciendo reglas de juego atractivas para la inversión extranjera.
¿Podría haber sido distinto? La frugalidad de las rentas fiscales, casi siempre ha caracterizado a la economía estatal de Bolivia. Por desgracia, no tenemos un compendio estadístico, completo y bien organizado, sobre las finanzas públicas, y otros datos de valor macroeconómico, relativos a las últimas décadas del siglo XIX, y las primeras del XX.
No obstante, podemos formarnos una idea de la situación, con fuentes secundarias. Según Donaciano Ibañez, autor de la Historia Mineral de Bolivia (1943), ya el presidente Gregorio Pacheco (1884-1888), “con una visión de ahorro en los gastos que demandaban las reuniones anuales del Congreso”, procuró, sin éxito, implementar el ejercicio parlamentario bienal”. Al parecer, ni siquiera los diputados de su propio partido, por cierto, el Partido Conservador, aceptaron renunciar al 50% de sus rentas.
Hasta los tratados fronterizos de Petrópolis, con Brasil en 1903, y de Paz y Amistad, con Chile, en 1904, el gobierno boliviano, nunca hubo tenido excedentes importantes. Por la cesión perpetua del Acre y el Litoral, a Brasil y Chile, mediante dichos tratados, Bolivia recibió alrededor de 3 millones de libras esterlinas. Sin embargo, las subsecuentes inversiones de fomento, ignoraron a la minería fósil.
Los ferrocarriles a construirse a través del contrato Speyer de 1906, con las indemnizaciones por el Acre y el Litoral, no incluyeron líneas férreas de Potosí a Sucre, y menos, de Sucre a Santa Cruz. Frente al sector petrolero nacional, demandando, la línea férrea Potosí-Sucre como transporte petrolero en vagones cisterna, los gobiernos liberales, comenzaron a tomar medidas. La Ley del 17 de noviembre de 1915, reservó el impuesto de Bs 1 al quintal métrico de mercancías importadas por Sucre y Potosí, a un fondo acumulativo con ese propósito, cuyo crecimiento, habría requerido ahorrar varias décadas para cumplir el propósito.
Siguieron numerosas ordenaciones similares, siendo la Ley del 12 de diciembre de 1916, un caso emblemático sobre la ineficacia de este tipo de medidas. Dicha Ley, restauró las “patentes” (impuestos) petroleras (2 centavos por hectárea de 1917 a 1919, y 10, para los posteriores), destinando esos ingresos fiscales, al tendido del ferrocarril Santa Cruz-Sucre. Sucedió lo contrario a lo esperado: casi todos los concesionarios entraron en mora y especularon, tramitando prórrogas, para evitar la reversión de sus concesiones, no siempre con éxito, pero no pagaron ¿Podría haber sido distinto? Tal vez. Y ahora, ¿cómo será?
El autor es economista.
Columnas de JUAN JOSÉ ANAYA GIORGIS