La descertificación estadounidense
El tema de las drogas plantea un desafío que no se puede soslayar y que recogerlo y plasmarlo en nuevas estrategias trasciende de lejos, cuando hay explícita voluntad de luchar contra el problema, posiciones ideológico-políticas
Como todos los años, el Gobierno estadounidense ha emitido su informe sobre el combate a la cadena del narcotráfico, asumiendo, por sí y ante sí, un papel de juez sobre la manera en que los países del planeta combaten este delito.
Como se ha señalado en varias oportunidades, esta “evaluación” anual, además de ser unilateral e impertinente, no ayuda para nada en el abordaje racional de un tema tan sensible como el del combate al narcotráfico. Que EEUU “certifique” o “descertifique” a países por su comportamiento en la lucha contra el narcotráfico de acuerdo a sus propios parámetros ha dejado de tener ahora la importancia que la tuvo cuando la estrategia que ese país impuso no era cuestionada. Y si bien las consecuencias de esa calificación se traducen en mantener o suspender la cooperación en este campo, cabe recordar que esa cooperación también es severamente cuestionada dentro y fuera de EEUU. Y si bien es posible que a algunos países este corte de cooperación afecte incluso su gobernanza, aumentan los que, como Bolivia, han mostrado, no sin críticas, que esa suspensión más bien le reditúa legitimidad política.
Pero, el último informe estadounidense conocido el viernes, contiene factores que abonan aún más a desconfiar de su calidad, sobre todo porque nuevamente expone con dureza que también es un instrumento de injerencia en asuntos internos de otros países. No se puede interpretar de otra manera la amenaza que se lanza contra Colombia de clasificarlo a futuro en la lista de los descertificados por cuanto su Gobierno no habría combatido con el suficiente rigor al narcotráfico, por dirigir su atención preferencial a la búsqueda de acuerdos de paz con las FARC, como sostuvo un vocero de EEUU.
Semejante afirmación da pie no sólo a que se desconfíe del rigor metodológico del informe que se comenta, sino a inferir que el Gobierno estadounidense podría estar privilegiando escenarios de violencia antes que de concertación, posición que enarbolan algunas poderosas corrientes internas de Colombia. De ahí que se justifica la dura reacción del Gobierno colombiano que, como no podía ser de otra manera, ha recibido el rápido y solidario apoyo de los gobiernos de la región, incluyendo el nuestro.
En ese contexto, una vez más se comprueba la necesidad de que la actual estrategia de lucha contra el narcotráfico predominante, impulsada por EEUU desde la década del los 80 del siglo pasado, sea revisada. Para ir por ese camino hay la necesidad de establecer acuerdos internacionales para diseñar nuevas políticas que, por un lado, incidan en forma decisiva en la ciudadanía y, por el otro, eliminen los mecanismos que permitan que los grupos que trafican con drogas ilegales mantengan o aumenten el liderazgo que ya tienen y que les permite enfrentar a las estructuras estatales tanto corroyéndolas por dentro como por el uso indiscriminado de la violencia.
Se trata, pues, de un desafío que no se puede soslayar y que recogerlo y plasmarlo en nuevas estrategias trasciende de lejos, cuando hay explícita voluntad de luchar contra el problema, posiciones ideológico-políticas.
