De la frustración a la recuperación democrática
La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habilitando una nueva postulación del Presidente del Estado en 2019 es un grosero y cantinflesco golpe constitucional. Pero, en la mejor tradición de nuestra historia, puede convertirse en un parteaguas ante la inminente necesidad de defender el sistema democrático tan difícilmente construido desde 1982.
Es que ese documento ha tenido la virtud de terminar de despertar la conciencia de los más escépticos respecto a que el país está siendo conducido hacia un sistema autoritario de gobierno en el que el objetivo fundamental del grupo en el poder es mantenerse en él a como dé lugar para gozar de él, como sucede en modelos poco ejemplares como los de Cuba, Venezuela o Guinea Ecuatorial.
Además hay un agravante: el TCP ha sido creado para garantizar la vigencia de la Constitución Política del Estado (CPE) y el respeto a los derechos de la población. Con la sentencia emitida no sólo que se viola la CPE, sino que sus miembros se arrogan la capacidad de reformarla y desconocer la voluntad ciudadana que, mediante voto, en un referendo convocado por el propio Gobierno, rechazó, por mayoría absoluta, dicha habilitación. Es decir, el TCP ha hecho exactamente lo contrario de lo que debería hacer: exigir a las autoridades acatar la CPE, como han jurado hacerlo, y respetar la voluntad popular legalmente expresada.
De ahí que es posible hacer referencia a que la sentencia que se comenta tiene características de un golpe, con todas las consecuencias que una acción de esa naturaleza provoca.
Obviamente, será necesario apelar al derecho internacional y denunciar dicha sentencia como violatoria de la CPE y los derechos en ella consagrados. Internamente, será necesario reflexionar y presionar para que el país vuelva al cauce constitucional y democrático. En ese proceso los actores que más responsabilidad tienen son, sin duda, los políticos, pese a sus limitaciones. Pero importante cuota parte tiene la sociedad para resistir pacífica y democráticamente semejante acción, denunciándola y participando activamente en las diferentes acciones que se propongan con ese objetivo.
Dicha actitud responde, por lo demás, a una rica tradición: en nuestra historia se ha sabido responder creativamente los más variados intentos de perpetuarse en el poder de grupos que con o sin respaldo popular accedieron a él, y crear las condiciones para que, como sucedió en 1982, podamos reconquistar valores y principios democráticos, cimientos de un desarrollo integral y más equitativo.
