Incongruencias de un matemático

El nulo parece turbar la razón de los gobernantes. Incluso del más avezado estratega quien, matemático al fin, algún día nos sorprendiera con sus maniobras envolventes. Y es que desvaría el vicepresidente García Linera al sostener que 157 votos (de más de 6 millones de electores empadronados) serían suficientes para legitimar a un magistrado del órgano judicial electo.

No es la primera vez que lo hace con la ironía que lo caracteriza. En efecto, el año 2011 en similar circunstancia, recurrió al consabido argumento. En ese momento, la aritmética engañosa no levantó tanto polvo como el pasado domingo, cuando el juego de números no fue suficiente para marear la percepción ciudadana respecto a un operativo electoral cuestionado, costoso y fallido en el que nos embarcamos.

Al hacerlo, aludía a los 157 miembros del Parlamento de tiempos de la “democracia pactada” responsables de designar, mediante mayoría calificada a las autoridades jerárquicas del poder judicial además de otras instituciones claves aún existentes como el Defensor del Pueblo. El reiterado intento por menoscabar la desportillada memoria del otrora Congreso “oligarca y neoliberal” le jugó una mala pasada. Al hacerlo terminó destilando el desprecio que le inspira la democracia representativa, de cuyo legado liberal y republicano no se libra la Asamblea Legislativa Plurinacional, institución pilar de la democracia “intercultural” que él mismo tiene el honor de presidir.

La ofensa debió caer inclemente sobre las espaldas de los 130 diputados y ahora 36 senadores de la Asamblea, quienes, además de “cuotear” las candidaturas al Órgano Judicial sin disimulo, presumen representar a las masas organizadas cuyas multitudes movilizadas intentan (al igual que el poder político y económico) doblegar la pregonada independencia de la justicia y otros órganos del Estado.

Es cierto, la acusación machacona del cuoteo, sinónimo de mala praxis a la hora de designar altas autoridades de Estado, desdibujó el sentido y la legitimidad de una institución representativa clave para toda democracia. De hecho, los países más institucionalizados confían esta tarea a sus propios congresos y asambleas sin que las dudas empañen una responsabilidad tan delicada. En Bolivia, reino de la desconfianza, el sui géneris remedio basado en la elección popular de autoridades del Órgano Judicial resultó peor que la enfermedad. No hay duda, el 3D dio cuenta, por segunda vez, de un experimento electoral al que los observadores internacionales se refieren con ambigua diplomacia. Tanta creatividad desgasta hasta resultar irresponsable.

En este punto, corresponde refrescar la memoria. En su momento los dos tercios congresales de la democracia pactada no eran aritméticos, eran políticos, debían incluir necesariamente la voz y hasta el derecho a objeción de las minorías opositoras. La decisión final era producto del forcejeo, pesos y contrapesos de un pluralismo multipartidario atravesado por corrientes sectarias e institucionalistas en pugna.

Hubo designaciones aplaudidas otras legítimamente cuestionadas. En determinado momento el Tribunal Constitucional no respondía a poderosos ni a las señales del imperio. ¿Acaso la reincorporación de Evo Morales al Parlamento no reflejaba esa nueva dinámica? Fue el primer germen, imperfecto por superar prácticas perversas históricamente arraigadas, lamentablemente hoy reinstaladas.

En esta ocasión, la aritmética simple derivó en incongruencia. Los portavoces enganchados en la línea discursiva vicepresidencial tropezaron en la misma piedra. Subestimaron la herida producida por una nueva aberración inconstitucional. Cuando de sumas y restas se trata, es un error comparar la habilitación a la reelección indefinida del “clarividente e insustituible” suscrita por seis magistrados salientes del Tribunal Constitucional, con la legitimidad y legalidad al vinculante del voto de millones de bolivianos en ocasión del Referéndum del 21 F. ¡Torpe maniobra oficial que el pasado domingo terminó ampliando la brecha entre legalidad y legitimidad; ésa que el proceso de cambio prometió acortar.

La autora es psicóloga, cientista política, exparlamentaria