El concepto redistributivo del PGN 2018
En la presentación del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2018, de 284 mil millones de bolivianos, el Ministro de Economía y Finanzas resaltó su rápido y significativo crecimiento desde el año 2006. Se trata de algo que se debe tomar en cuenta, sobre todo si se lo compara con la población y se establece el gasto per cápita. Así, en el PGE de 2018 se asigna 25.800 bolivianos por persona. El año 2006, la cifra era de 5.600 bolivianos por persona, o sea que se ha dado un aumento de casi cinco veces en el gasto público por habitante.
Para evaluar la importancia del gasto fiscal corresponde plantearse dos preguntas: si han aumentado y mejorado los servicios que presta el Estado a la gente en la misma proporción en que aumentaron los gastos, y si las familias no aprovecharían mejor esos recursos si los invirtieran en su propio bienestar en forma directa.
La primera pregunta encontrará respuesta en cada persona que experimenta a diario la utilización de los servicios públicos, que lleva a los niños a las escuelas, busca resolver sus problemas de salud o que requiere apoyo para solucionar sus problemas en las oficinas públicas.
La segunda es más difícil de responder. Las autoridades mantienen su empeño en seguir impulsando las empresas estatales, aunque han destacado la importancia de los bonos que llevan dinero directamente a las familias. Como ya se ha comprobado, los bonos son muy efectivos para dinamizar la economía y enfrentar la pobreza. Pero, en total, los bonos sólo representarán en 2018 cerca del 1,7 por ciento del gasto total, que es la décima parte de lo que se destinará a las inversiones, que ronda el 17 por ciento del total.
Asimismo, las autoridades han presentado el continuo crecimiento del gasto fiscal como un logro económico sustancial, pero este rápido repaso a las cifras más gruesas incluidas en el PGE 2018 basta para encender luces de alerta. Todo indica que estamos con un presupuesto demasiado grande. Y se sabe que por lo menos una parte se está financiando con deuda externa, y que los ingresos siguen declinando.
Es que el gasto fiscal no es económicamente neutro. Si no sirve para mejorar los servicios y aumentar la capacidad productiva, entonces se vuelve una carga para los trabajadores y los emprendedores, y pone en riesgo el desarrollo nacional.
Los asambleístas debieran debatir temas como éstos y otros, antes de aprobar este fundamental instrumento de gestión estatal.
