Incierto panorama peruano
El frustrado intento de destituir en el Parlamento al Presidente de Perú por presuntos actos de corrupción en favor de la empresa brasileña Odebrecht y la decisión de poner en libertad por razones humanitarias al exmandatario Alberto Fujimori, encarcelado por delitos de violación de derechos humanos y corrupción, sitúan al vecino país en un estado de incertidumbre de imprevisibles consecuencias.
El desarrollo de la vida democrática en Perú desde que los militares abandonaron el poder a finales de la década de los años 70 del siglo pasado ha sufrido permanentes sobresaltos, como enfrentar dos estados de guerra con Ecuador, un golpe parlamentario, la derrota al grupo guerrillero más violento de la región en una guerra interna que provocó más de 25.000 víctimas, una crisis económica de proporciones y la peculiaridad de que, recuperadas la paz política y la estabilidad económica, mantiene uno de los crecimientos de su producto interno bruto más altos y sistemáticos de la región, junto a los niveles más bajos de popularidad de sus mandatarios.
El telón de fondo de ese recorrido, como en otras naciones de la región, es el fenómeno de la corrupción como el efecto más corrosivo de su sistema democrático y que está conduciendo a su sistema político-partidario a su total deslegitimación. Ello en medio de poco transparentes pactos intrapartidarios que subordinan el bien común al interés de sus actores.
Es de esperar que, como en otras oportunidades, incluso peores (como cuando el hoy indultado Alberto Fujimori, además de dar un golpe parlamentario, violó la Constitución de su país para prorrogarse indefinidamente en el poder, del que finalmente fue derrocado y tuvo que huir, a los pocos meses de “ganar” una nueva elección) pueda superar la crisis y manteniendo el sistema democrático ingrese en una nueva etapa de estabilidad política y económica, lo que no sólo beneficiaría a su propio desarrollo, sino al de la región, particularmente a Bolivia.
En este sentido, Perú puede convertirse en un buen referente de lo que debe convertirse en un objetivo general de la acción política: combatir sin tregua la corrupción, lo que significa no minimizarla ni buscarle justificativos. La corrupción es uno de los peores males que nos aqueja y no hay sistema que pueda mantenerse sin esta que lo penetra.
Por otro lado, es también una muestra de lo que no debe hacerse una vez que se llega al poder: buscar prorrogarse en él a como dé lugar.