Peligrosas alianzas
Se han enfrentado, una vez más, contrabandistas y funcionarios de Aduana Nacional de Bolivia (ANB), esta vez en Tambo Quemado, donde alrededor de 60 personas con armas de grueso calibre asaltaron los almacenes de la Aduana en esa localidad, de donde sustrajeron un camión decomisado días antes y alrededor de 200 computadores portátiles.
De acuerdo a la Presidenta de la ANB, previamente, los asaltantes dinamitaron el muro perimetral y tomaron un rehén con el que abandonaron el recinto, llevándose el camión que contenía mercadería avaluada en alrededor de 208 mil dólares y se calculó que el botín del asalto fue de 180 mil dólares.
Se agrava el hecho cuando también se denuncia la existencia de alianzas entre comunarios asentados en la zona fronteriza con Chile y sus dirigentes con los contrabandistas, por las cuales a cambio de dinero e incluso seguridad, los comunarios ofrecen lugares para ocultar mercadería introducida ilegalmente y sus medios de transporte.
No se trata de una denuncia nueva. Hace ya bastante tiempo que las autoridades de la ANB lo han hecho, asegurando que hay clanes dedicados al contrabando que se disputan, en acuerdo con los pobladores y sus dirigentes, territorios para circular al amparo de las acciones de control.
Sin embargo, las autoridades del Gobierno se han empeñado en negar esa realidad por intereses de orden sectario. Adicionalmente, aquélla se ha reforzada por la manera en que se defendió a algunos efectivos de las Fuerzas Armadas que al parecer más que cuidar las fronteras facilitaban el contrabando y fueron arrestados por autoridades chilenas.
En ese contexto, ha sido oportuna la reacción del Primer Mandatario alertando sobre este nuevo enfrentamiento y es de esperar que ésta ayude a rectificar las acciones y se adopte la política de tolerancia cero con el contrabando.
Además, es preciso comprender que no se trata sólo de la comisión del delito de contrabando, sino de la existencia de grupos delincuenciales con capacidad de fuego insertados en las poblaciones asentadas en las alejadas zonas fronterizas. Sin duda, esa realidad hace que el tratamiento que se dé al problema debe incluir, además de la legítima represión, acciones de asistencia a esos comunarios a través de programas integrales de desarrollo.
Lamentablemente, el interés de las autoridades del Estado está centrada, casi exclusivamente, en legitimar una inconstitucional repostulación del Primer Mandatario en 2019, y en la campaña electoral que con tanta anticipación han comenzado.
