Un rito innecesario
Como todos los años, hemos asistido al “toma y daca” entre los colegios privados y el Gobierno sobre el porcentaje en que se podrá incrementar el monto de las pensiones escolares.
Mientras la Asociación Nacional de Colegios Privados de Bolivia (Andecop) ha propuesto que ese incremento sea del 10 por ciento, las autoridades del Ministerio de Economía, que es el interlocutor establecido por el Gobierno (y no el Ministerio de Educación) establecieron que sea del 4 por ciento, y lo han hecho sin que se defina oficialmente el incremento salarial para 2018 que, se estima, será alrededor de esa cifra.
Sin embargo, se debe insistir en que el tema del monto de las pensiones no es el fondo del problema, pues no existe una explicación racional de las razones que le asisten al Órgano Ejecutivo para definir ese porcentaje en los establecimientos privados. El tema de fondo es si las autoridades del sector están o no concentradas en mejorar la calidad de la enseñanza en los establecimientos fiscales de manera que sean los propios padres/madres de familia los que busquen que sus hijos se eduquen en ese sector.
No en vano la Constitución Política el Estado (CPE) establece que la educación “constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla” (Art.77/I). Pero, como esto no sucede, el sistema privado es la opción de centenares de miles de padres y madres de familia, razón por la que es impertinente poner obstáculos a su funcionamiento.
En ese sentido, lo que corresponde al Estado es, como se desprende del artículo 88 de la CPE, por el que se “reconoce y respeta el funcionamiento” del sistema privado de educación, que los principios rectores de la política educativa del país sean respetados en la malla curricular y que la calidad de la educación que se imparta sea acorde al monto de las pensiones que se cobra y se cumplan las normas laborales vigentes, como se desprende de la misma CPE.
Esto parece ser lo racional, más aún si es posible afirmar que el Estado no tendría la capacidad de absorber la población estudiantil inscrita en el sistema privado si éste desapareciera. Por tanto, la existencia de este sector debe ser respaldada y no condenarlo a una situación de extinción por fijar el monto de las pensiones al libre arbitrio de las autoridades de turno.
