Familias extendidas
Mientras el país sigue convulsionado por la obcecación del Gobierno de rechazar una revisión total del Código del Sistema Penal, cuyas incongruencias son evidentes, así como por incluir una normativa eminentemente autoritaria de corto plazo, y mantener el objetivo de que el Presidente del Estado vuelva a ser candidato en 2019, el país sigue andando y se siguen encontrando situaciones de necesidad extrema que no reciben la atención pertinente.
Una de ellas es la que se presenta en nuestra edición de ayer y se refiere a que, según datos proporcionados por Aldeas SOS, se estima que en Bolivia hay más de 666.000 niños y niñas en riesgo de “perder su derecho a vivir en una familia”, casi 200.000 viven con otros familiares y no con sus padres biológicos, y que se han requerido servicios de acogida para alrededor de 30.000.
En Cochabamba, son 224.000 los niños que se encuentran en situación de abandono y 31.000 los que viven con otro familiar.
Se trata, sin duda, de cifras que conmueven al más insensible pero, al parecer, no logran ser incluidas en la agenda pública del país y ni qué decir del Gobierno.
Por ello, si no hubiera entidades como Aldeas SOS y otras, fundamentalmente de carácter religioso, que tienen como objetivo de su actividad atender situaciones de esa naturaleza y diseñan proyectos que permitan suplir a los padres/madres de familia que por una serie de razones no están presentes para atender el crecimiento de su prole, la situación sería mucho más grave aún.
Entre esas iniciativas, una es la de motivar a un familiar de los niños en riesgo de abandono a incorporarlos a su propio hogar, en el que, generalmente, ya hay niños que atender. Además de las motivaciones psicológicas que se requiere para enfrentar la nueva situación, se ayuda a los nuevos tutores a ejecutar proyectos productivos que les permitan generar mayores recursos que no sólo compensen la incorporación en su seno de los nuevos miembros, sino que incluso puedan generar algún excedente.
Otra es apoyar a una familia en condiciones de vulnerabilidad, provocadas principalmente por violencia familiar.
Los resultados, hasta ahora, son positivos, pero, obviamente, muy limitados. Para ampliarlos se requiere de una política estatal de largo alcance que incluya componentes técnicos y económicos de manera que recogiendo la experiencia que ya se tiene, se cree capacidad para poder atender a los 666.000 niños y niñas que se encuentran en riesgo de vivir sin familias.