En la recta final
El agente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el expresidente Eduardo Rodríguez, ha informado que el próximo 19 de marzo comenzarán los alegatos orales en el proceso que sigue nuestra demanda para que esa corte obligue a Chile a dialogar de manera franca y eficiente para que el país recupere una salida soberana al océano Pacífico.
Las delegaciones de Bolivia y Chile tendrán tres días para presentar sus argumentos, y si bien la definición de los plazos no es rígida, se presume que los jueces de la CIJ emitirán su fallo en cuatro o seis meses. Sin duda, éste marcará un hito en la compleja relación entre ambos países.
Paralelamente se conocieron dos decisiones del Primer Mandatario respecto a este tema. Una, que provoca entusiasmo, la de convocar a excancilleres a una reunión para analizar la nueva etapa del proceso y recoger sus opiniones. La otra, más bien preocupante, designar como “coagente” ante La Haya al actual embajador ante la ONU, de cuyas habilidades diplomáticas y jurídicas se duda mucho, al margen de ser un personaje muy cuestionado en el país por su actuación como ministro de Gobierno, particularmente en el caso de la exagerada violencia utilizada en la represión a los indígenas asentados en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), acción que provocó su destitución.
En ese escenario, corresponde reconocer que pese a algunas actuaciones sectarias y peligrosas de autoridades de segundo y tercer nivel del Estado, y el maltrato al vocero oficial de la estrategia por celos de orden político, el Presidente ha mantenido su compromiso de no utilizar la demanda marítima del país y, especialmente, el proceso incoado ante La Haya en temas de política interna.
Esta actitud, sin duda, ha provocado que, a diferencia de lo que sucedió en otros hitos de las negociaciones con Chile a lo largo de nuestra historia, haya un generalizado respaldo a la estrategia asumida (también con impertinentes excepciones, como la de algún dirigente opositor), unidad que, sin duda, no sería tal si el Presidente incumpliera ese compromiso.
Dada la trascendencia del proceso, se debe insistir en que una condición fundamental para avanzar en La Haya es que el Presidente mantenga la actitud señalada, lo que lo obliga a controlar las pasiones sectarias internas y no ceder ante las presiones de sus colaboradores que consideran que por sobre cualquier interés del bien común está el suyo de prorrogarse indefinidamente en el poder.
