Héroes antiautoritarios

La valiente actuación del piloto Leonardo Martínez en el palco del Dakar ha despertado la admiración del pueblo boliviano por ser una muestra de rechazo al despotismo de los gobernantes. Sin embargo, acabo de comprobar que Martínez no es el único valiente ni el más heroico.

En efecto, que un deportista se enfrente a Evo Morales –y a su pirómano escudero– es indudablemente un acto cívico que mereció incluso el entusiasmo de la segunda dama. Pero, que se le resista un funcionario subalterno, que le impugne una norma, que le siga juicio y llegue a ganarle ante un tribunal totalmente obsecuente es una hazaña mitológica.

Eso, ni más ni menos, es lo que ha sucedido a raíz de la firma de la Resolución Suprema 03862 del 20 de agosto de 2010 por parte de Evo Morales y su ministra de Desarrollo Rural, Nemecia Achacollo.

Se trata de un episodio que desmiente categóricamente las mentiras de la oposición con respecto al totalitarismo del Primer Mandatario y al férreo control que supuestamente mantiene el Gobierno sobre los magistrados. No, señores, el “Jiliri Irpiri” (Gran Conductor) es un común mortal si hasta un subalterno suyo, un baladí Viceministro de Tierras, puede lograr revocar una Resolución “Suprema”.

De hecho, mientras casi nadie ya le cree “al Evo” y muchos le tienen una desconfianza visceral, ese subalterno tuvo la valentía de  impugnar su firma y órdenes, poniendo en duda lo “supremo” no sólo de un instrumento jurídico sino del mismo poder del Dux del proceso de cambio. De paso, hay que reconocerle a ese funcionario una valiente premonición al enfrentarse en los estratos judiciales a la otrora poderosa ministra Nemecia Achacollo dos años antes que saltara la liebre del sonado caso del Fondo Indígena (Fondioc), del cual por cierto sólo queda el recuerdo; porque del dinero robado… nada.

Por tanto, ¡qué la oposición ya no venga con eso del totalitarismo o de la falta de independencia de la justicia! Porque ese titánico Viceministro no sólo impugna ante el Tribunal Agroambiental (¡que ni supremo es!) la resolución de marras, sino que lo hace pasándose por el forro el artículo noveno de esa misma resolución que otorga un plazo “perentorio” de 30 días para su impugnación. De hecho, la impugnación llega “puntual” tres años después, cuando ingresa el expediente 591-DCA-2013 al Tribunal. Pues, aparentemente, para desconocer Resoluciones Supremas del Jefe Supremo no hace falta cumplir formalidades: ¡para subsanar esas nimiedades estudian los abogados! Así, el alumno imitó y superó al maestro.

Todos supondrán que hasta aquí llegaría ese azul Quijote y que los miembros del Tribunal Agroambiental repondrían las cosas en orden y harían respetar la autoridad de quien los escogió y posesionó, acogiendo la intrépida defensa de la Ministra.

Pues no. Para que el mundo sepa que Bolivia no es Venezuela y compruebe que acá hay separación de poderes, a los tres años de haber admitido la demanda,  mediante resolución 043/2016 la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, guiada por el relator Bernardo Huarachi Tola, falla en contra de Evo Morales, anuló la Resolución Suprema y el informe en conclusiones (hasta fojas 271), que estuvo a su origen.

No faltarán los criticones objetando que este fallo prueba más bien la falta de seguridad jurídica, si ni la firma del Presidente otorga garantías. ¡De ninguna manera! Este caso es, al contrario, la muestra patente de que los magistrados, elegidos por el pueblo soberano (aunque con porcentajes ínfimos), no tienen miramientos cuando se trata de administrar la justicia.

Ah, casi olvido un detalle insignificante: el perjudicado con la anulación de la resolución es el ciudadano Leopoldo Fernández Ferreira.

El autor es físico y analista.