El déficit fiscal

Editorial
Publicado el 19/02/2018

Nunca en la historia de Bolivia el Estado fue tan solvente como en la última década. No nos referimos solamente al gobierno central sino a todo el aparato público, compuesto por la administración central, las alcaldías municipales, las gobernaciones, las universidades, los entes autárquicos y las empresas.  Todos ellos recibieron los recursos obtenidos de impuestos a la producción y exportación de recursos naturales, de los aranceles aduaneros y de los impuestos que se recaudan en el mercado interno, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT) y los Impuestos a las Utilidades.

El gasto público en todos los rubros aumentó varias veces en este periodo. Lo podemos ver en las oficinas, remozadas y amplias, donde una gran cantidad de funcionarios recibe uniformes y computadoras. En caminos, calles y plazuelas de cemento y pavimento. En aeropuertos que todavía esperan los pasajeros que los justifiquen, y en una notable cantidad de empresas que intentan competir en los mercados, algunas todavía esperando que las provean de materia prima.   

Se ha gastado mucho dinero confiando en que ese gasto dinamizará la economía, generando así una base impositiva más amplia que permita sostener ese ritmo de actividades públicas.

Eso no ha sucedido y el Estado está gastando más de lo que recibe. En el año 2017 el déficit fiscal representó más del 6 por ciento del PIB y para este año se ha presupuestado un déficit similar, muy cercano al 7 por ciento del PIB. Esto quiere decir que una quinta parte de los gastos públicos no tiene respaldo en los ingresos previstos en el año.

Todos sabemos que las exportaciones están bajando, sobre todo –pero no únicamente– por el descenso en los precios. Han empezado a bajar los ingresos públicos pero, en vez de reducir los gastos, se los mantiene o aumenta con la expectativa de que ellos generen más recursos en el futuro. Por eso las autoridades aseguran que la adquisición de deuda externa  no reviste mayor problema, ya que estaría siendo destinada a inversiones. La experiencia, sin embargo, enseña que las inversiones no son automáticamente rentables. San Buenaventura no tiene caña para procesar, Bulo Bulo no tiene ferrocarriles para llevar sus productos a los mercados del exterior, la separadora de líquidos de Villamontes no tiene suficiente gas para procesar. Son inversiones pero no son rentables. ¿Quién asegura que las próximas lo serán?

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