Extradiciones

Año 1983. Régimen de Hernán Siles Zuazo. Un anciano alemán es subido a un avión y trasladado a Francia. Así, el criminal de guerra nazi Klaus Barbie fue entregado a la justicia gala. Durante 31 años disfrutó de impunidad en nuestro país. Terminó muerto en prisión. Sin embargo, y esto es crucial, Barbie fue entregado a Francia en ausencia de un tratado de extradición entre ese país y el nuestro.

Esta historia, que fue llevada al cine con el título de “La cacería del nazi”, muestra la sintonía ideológica de un régimen de izquierdas como el de Siles Zuazo con el de Mitterrand, también de izquierdas. Era esa vez o nunca.

En cambio, hay acuerdo de extradición entre Bolivia y Estados Unidos, vigente desde 1995, pero por desafinidades entre ambos países, agravadas por la expulsión del embajador Philip Goldberg, los discursos incendiarios e incluso escatológicos del presidente Evo Morales contra lo que llama “el imperio del mal”, no prospera el pedido de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su entonces ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, acusados de crímenes de lesa humanidad.

El régimen evista se lamenta por el fracaso al respecto, atribuyendo a que el “imperio del mal” daría protección a esos dos personajes. No obstante, hay pistas que indicarían que los trámites no han sido realizados correctamente. Por ejemplo, debía señalarse si los delitos por los cuales se les imputa en Bolivia también están tipificados como tales en Estados Unidos, y no se lo hizo. En suma, que el gobierno de Evo Morales abandonó, a decir de los familiares de las víctimas fallecidas en Octubre Negro, toda tramitación con relación a esos ex dignatarios.

De pronto, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció que “la información que llega es que en Estados Unidos, los jueces han aceptado enjuiciar a Sánchez de Lozada, lo van a enjuiciar a él y a Sánchez Berzaín, el que metió bala en el altiplano. Entonces es una buena noticia mis hermanos”.

Era cierto. Los jueces estadounidenses aceptaron la causa civil de ocho familiares de víctimas que impulsan la acusación contra Goni y su ministro más connotado. Lo que no era cierto es que el régimen evista haya tenido algo que ver en ello. De hecho, no tuvo nada que ver, de qué alardear.

Más bien, por esas paradojas de la vida, los que patrocinan, ayudan, colaboran, ponen la plata para que este juicio civil pueda concretizarse son ciudadanos estadounidenses, gente del imperio del mal, de esos de quienes no queremos saber nada, de esos que confabulan contra nuestro proceso de cambio.

El costo de los pasajes, la estadía, lo oneroso de los gastos administrativos, los honorarios de los abogados, los trámites de los expedientes, es decir, todo el papeleo, no corre a cargo de nuestro gobierno, sino que está siendo pagado por una ONG estadounidense. Esta ONG, el Centro de Derechos Constitucionales (CCR por sus siglas en inglés) se ha movilizado y ha contactado con abogados y estudiantes de la universidad de Harvard para llevar adelante el juicio civil.

De ese modo, los familiares querellantes pudieron viajar, hospedarse, trasladarse de una oficina a otra, ser traducidos al inglés, asesorados, acompañados, en medio de ese mar enorme que debe ser el mundo litigante en Estados Unidos. Eso es una vergüenza, debería serlo para el actual régimen evista, que personas bien intencionadas, llenas de ideales de justicia y reparación, se comprometan en una causa que no les incumbe directamente, den de su tiempo, de su dinero, y que nuestro gobierno se desentienda. ¡Ah!, pero si hubiera un final feliz (la condena a resarcir con dinero a los familiares), sabemos cómo se llenarán la boca.

De momento, ya que no ayudaron en nada, sería muy bueno que no estorben. Los representantes de las víctimas han sido concluyentes y han pedido que el Gobierno tome distancia, porque podría perjudicar el juicio civil. El juicio penal se ve lejano y más lejano el día en que ambos imputados lleguen enmanillados en un avión a Bolivia.

La autora es docente e investigadora universitaria