Exequias y herencia de un dictador

Se fue de la manera en que vivió: proclamándose víctima y, al mismo tiempo, ubicándose por encima de la justicia, de la institución que lo cobijó y protegió y del país todo. Eso significan su misiva póstuma y la exultante afirmación de su abogado quien proclamó que el exdictador no cumplió ni la mitad de la pena de 30 años, sino apenas 13 porque: “Vivió sus últimos (nueve) años en libertad en la clínica de Cossmil (sic)”.

La notable mezcla de autopromoción y arreglo de los hechos al gusto personal no diluye ni un poco que el joven patrocinador y ferviente discípulo de quien fuera el hombre más temido del país, hace casi 40 años, manipuló los resortes legales, bajo la indulgente actitud del poder, para que su cliente evada los rigores de la prisión de alta seguridad, “sin violar la ley”, como lo pregona.

Presumiría probablemente menos, si asumiera que no se requiere ser prodigio alguno para maniobrar crudamente los códigos y normas en un país donde el Tribunal Constitucional puede reformar por su cuenta la Constitución, a espaldas y en contra del soberano, con el aplauso y la justificación de los dos principales encargados de hacer respetar la Carta Magna y con el clamoroso respaldo del aparato político y corporativo que copa el Estado.

De cualquier manera, su recién fallecido cliente le sigue ganando la delantera, con su póstuma carta en la que confirma que cuando se trata de presumir de inventar y torcer explicaciones tiene pocos y muy selectos competidores.

En su carta al país vuelve a descargar la responsabilidad principal de los hechos que lo llevaron a la cárcel, insistiendo en que “ni robó, ni mató”, de manera que el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz (“mi amigo de infancia” lo llama) le sería completamente ajeno y atribuible exclusivamente a otros. En su ansia por probar que su mayor delito habrían sido la indulgencia y una cierta ingenuidad, deja completamente malparadas a las Fuerzas Armadas, porque asegura que en el gobierno que él presidió y que contó con un pétreo respaldo de sus camaradas, ni siquiera pudo designar al ministro del Interior –que ignora hasta el día de su muerte quién lo hizo– y que, por eso, aquel ministro hacía lo que se le antojaba o lo que mandaban personajes ajenos al Estado; con lo que explica que se lo llamara el ministro Chistoso, aunque fuese quien manejase las órdenes de persecución cárcel, muerte y tortura de contrarios y disidentes.

De ese modo evapora literalmente de un plumazo todo aquello de “gobierno del orden” con que se justificó la dictadura, al afirmar que uno de quienes compartían la responsabilidad de manejar al Estado, contrabandeaba desde la Aduana y a la cabeza de la Fuerza Aérea, mientras el ministro de Defensa actuaba también por cuenta propia. En un solo párrafo, donde describe una presunta situación de anarquía desbocada dentro la administración que encabezaba, retrata como fantoches a sus miembros y sumerge en el ridículo a quienes estuvieron rindiéndole honores marciales el día de su funeral.

Se queja más adelante de que como parte de un prolongado vía crucis, uno de los ministros de Gobierno del régimen actual lo habría acosado en su celda (insinuando que sería autor o cómplice del robo de parte de sus bienes).

El exgeneral no consigue captar que ese mismo alto funcionario y el régimen en su conjunto merecen ser declarados herederos de sus tácticas y concepciones, cuando intentaron descargarse de toda responsabilidad sobre el ataque y golpiza a indígenas que marchaban pacíficamente por sus derechos, explicando que la agresión habría ocurrido porque la Policía puede reprimir y montar gigantescos operativos al margen del poder central, porque a alguien se le ocurre, simplemente, romper la cadena de mando.

Las diferencias entre la dictadura de 1980 y el régimen actual son abismales y está destinado al mayor fracaso tratar de hacerlos equivalentes, pero eso no aplaca las quemantes evidencias de que el legado de prepotencia, verticalismo, arbitrariedad y caudillismo del pasado sobrevive tan intacto y vigoroso que aspira prorrogarse al menos por una década y, si se le da la chance, por toda una vida.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo.