La faceta positiva de la “guerra digital”
El zafarrancho de los “·guerreros digitales” desplegado, en un primer tiempo, de manera oficiosa por el Gobierno y por el MAS surgió a raíz de la derrota del Sí en el referendo de febrero de 2016, por la re repostulación de Morales y García a la presidencia y vicepresidencia. El oficialismo atribuyó su fracaso de aquella ocasión, entre otros factores, a la campaña por el No que cundió en las redes sociales. Poco después, la nutrida difusión, por internet, de mensajes que descalifican la gestión gubernamental revelando y relievando los desaciertos de la administración y/o los casos flagrantes de corrupción, motivó al Jefe de Estado a hacer un llamado a las huestes masistas a prepararse para la “guerra digital”.
El tema recobró actualidad al principio de esta semana como resultado de la denuncia efectuada por un senador que, en base a un informe emitido por la Ministra de Comunicación, divulgó cifras y datos interesantes acerca de la Dirección de Redes Sociales. De acuerdo con esa información, el sueldo promedio en esa entidad, que emplea a 37 funcionarios alcanzaría a poco más de 10.270 bolivianos y el presupuesto total del que dispone aquella instancia pública desde su creación en abril de 2016 –dos meses después del 21F– supera los ocho millones de bolivianos.
Dirigentes del MAS replicaron, de manera oficial, que los llamados “guerreros digitales” no perciben sueldo alguno “por hacer memes”. Eso, poco después de conocerse que la estructura partidaria oficialista había capacitado y graduado a un grupo de militantes para que se ocupen de la anunciada “guerra digital”.
Parece evidente que ambas informaciones –las del senador opositor, acerca de los recursos de la Dirección de Redes Sociales, y las de los oficialistas, sobre el batallón de “guerreros digitales” del MAS– son complementarias. Es decir que este esquema partidario sí existe, pero de manera paralela a aquella entidad del Estado.
De toda esta información real acerca del activismo en el mundo virtual del ciberespacio, se despejan algunas constataciones.
La de mayor trascendencia es que el oficialismo abandonó sus veleidades de poner límites –realmente imposibles– a la difusión de mensajes en el espacio virtual como pretendía hacerlo con iniciativas legislativas sin éxito. Es decir que el Gobierno asumió, plenamente, que el espacio cibernético es uno donde el intercambio de opiniones y la difusión de informaciones es libre e imposible de censurar o coartar.
Ahora, la eficiencia, pertinencia, el atractivo o la ortografía de los mensajes de oficialistas u opositores es otra historia. En todo caso, esos aspecto reflejan la calidad y capacidad de quienes los emiten.
