Bolivia y los restos de Unasur
Hace algo más de dos meses, cuando a fines de abril los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, anunciaron su decisión de abandonar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), quedó claro, más allá de cualquier duda razonable, que ese organismo internacional tenía los días contados y que era sólo cuestión de tiempo que se formalice su extinción.
Ya entonces podía calcularse que el 31 de julio sería la fecha final, por una razón tan práctica como significativa. Es que sólo hasta ese día alcanza el presupuesto del que en algún momento se concilió como el más ambicioso proyecto integrador suramericano. Apenas se podrá pagar los sueldos del personal burocrático contratado y todavía no se sabe de dónde se conseguirá el dinero para saldar las deudas acumuladas por servicios básicos como luz, agua, y teléfonos, entre muchas otras cuentas pendientes.
A tal extremo se ha llegado por dos factores. Uno, que nueve de los doce países miembros han dejado de hacer sus aportes económicos. Ocho de ellos porque se niegan a seguir gastando dinero en lo que consideran un organismo burocrático tan inútil como oneroso y Venezuela el país que con más dinero financió a Unasur desde su concepción hasta el año pasado, porque la insolvencia en que está sumido llegado a tal extremo que aunque quiere, no puede hacer efectivos su aportes.
De los otros tres países que todavía pagan sus cuotas, Bolivia, Surinam y Guyana, sólo Bolivia está al día. Los otros dos siguen haciendo aportes que por su pequeñez son sólo simbólicos, como los 1.049 dólares que recientemente pagó Surinam a cuenta de lo que debe por la gestión 2017. Cifras irrisorias si se las compara con un déficit que supera los 20 millones de dólares.
Para empeorar el panorama, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha decidido desalojar a Unasur del edificio “Néstor Kirchner” que fue donado a ese organismo por Rafael Correa, Se trata de una construcción que costó 45 millones de dólares y que será transformado en un museo o una universidad indígena.
Ante tal situación, el resulta ineludible la obligación que tiene el Gobierno de Evo Morales de fijar su posición sobre el tema. Y no sólo porque nuestro país está en pleno ejercicio de la presidencia pro témpore de ese organismo sino porque es, después de Venezuela, el país que más dinero ha gastado y sigue gastando para subvencionar su funcionamiento. Tendría que empezar, por ejemplo, por dar al país una explicación sobre los 504 millones de bolivianos que gastó para regalar a Unasur el complejo de San Benito. Y también tendrá que decir qué se propone hacer con tan monumental obra ahora que no hay quien la ocupe.
