Regularización y planificación urbana

Juan Cabrera

"Un estudio realizado por la SEUR del Colegio de Arquitectos de Cochabamba revela que entre los años 2000 y 2016 se registraron en esa institución más de 43 mil regularizaciones de edificaciones y lotes fruto del indulto de sanciones o “amnistías” de 2004, 2014 y otros momentos.

Este dato, sumado a la cantidad registrada por el gobierno municipal en 2018 (25 mil aprox.), deja ver que cerca del 40% de los 180 mil inmuebles existentes en el municipio están al margen de la norma, situación a la que la alcaldía sólo responde con regularización.

De acuerdo con la Ley municipal 204/2017, la regularización es “el proceso administrativo técnico y legal, que aprueba el plano de lote y/o edificación”, resultando una definición inexacta.  La regularización es un proceso técnico legal que deviene de una norma de excepción, y prevé de forma exclusiva salvar una o más situaciones de anomalía cuyo camino es “poner en regla” o “acomodar la regla” para resolver situaciones que no cumplen con lo establecido, previendo en paralelo soluciones estructurales.

Esta “excepción” que se repite con frecuencia, pone “orden” legal a la irregularidad, pero a la vez impone el caos urbanístico sin plantear soluciones de fondo. 

Las razones para la irregularidad pueden ser: la debilidad municipal para hacer cumplir la norma, la predominancia del interés particular sobre el colectivo, el mercado de suelo desregulado, pero especialmente la inexistencia de un instrumento urbanístico actualizado que responda a la realidad y guie la dinámica. El último plan urbano oficial y reglamento data de 1981 y están obsoletos. Aunque hoy se cuenta con un Plan Territorial de Desarrollo Integral, es lo mismo que nada porque no responde a la realidad urbana y más bien se complica por una treintena de normas parche complementarias cuyo orden y compatibilidad es casi imposible.

No obstante, la dirección municipal de planificación pretende un código urbano que sumaría las normas parche, logrando un solo volumen que no representa ningún avance. No se prevé un nuevo plan urbanístico y una nueva norma, más bien se promueven obras y edificaciones “de impacto” que siguen la iniciativa estatal o del mercado, como el tren metropolitano o el edificio de 30 pisos (en el Prado), determinando más irregularidad porque ninguna tiene respaldo de un plan y menos una norma urbanística.

La regularización se ha convertido en práctica común e irresponsable que posibilita a propietarios su participación en el mercado con seguridad jurídica, al gobierno municipal le deja una gran cantidad de recursos con destino desconocido, pero su ejercicio alienta la erección de una ciudad sin orden dependiente solo del interés particular y subsidiaria sólo del mercado y la necesidad.

* El autor es urbanista.