Trata y tráfico de personas
Hoy, 30 de julio, es el Día Mundial contra la Trata y Tráfico de Personas. Lo es desde que el año 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidiera incluir entre sus máximas prioridades la lucha contra este mal que con razón ha sido calificado como una de las más crueles manifestaciones de la corrupción a escala planetaria en la sociedad actual.
Los datos que justifican la necesidad de hacer de la lucha contra la trata y tráfico de personas una prioridad mundial son de lo más elocuentes. Según los más recientes estudios hechos por organismos internacionales especializados y difundidos por la Organización Internacional del Trabajo, se calcula que 28 millones de personas son víctimas de este delito en el mundo. La trata de personas mueve alrededor de 32.000 mil millones de dólares anuales, O sea, es el tercer negocio ilegal después del tráfico de armas y de drogas, y es manejado por poderosas mafias internacionales que corroen la institucionalidad estatal de muchas naciones.
En el caso de Bolivia, los datos son muy limitados, porque el tema no ocupa un lugar importante en la agenda pública, pero son suficientes para dar una idea de la magnitud que ha alcanzado esa calamidad social entre nosotros. Se sabe, por ejemplo, que en 2014 se reportaron 725 personas como desaparecidas, de las cuales 490 eran mujeres (67 por ciento). En 2015, hubo 867 casos, de los cuales 514 fueron de sexo femenino (59 por ciento). En lo que va del año, ya son más de 200 las denuncias de desapariciones 59 por ciento las cuales son mujeres).
Se ha calculado que en Bolivia habría al menos 15 rutas para el tráfico de personas, fundamentalmente para explotación sexual. Son rutas que forman parte de amplias redes que van desde los más recónditos lugares rurales hasta ciudades de países vecinos e incluso europeas, a través de las que se “exportan” personas, casi siempre mujeres y con frecuencia niñas, para satisfacer la creciente demanda de sexo comercial.
Ante tal situación, en nuestro país y nuestra ciudad ha ido creciendo durante los últimos años la consciencia sobre la urgente necesidad de hacer algo al respecto.
El camino que queda recorrer en esa dirección es todavía muy grande, pero aunque lentamente, algo se está avanzando. La principal limitación es la falta de los recursos económicos necesarios para lograr resultados proporcionales a la magnitud del problema, por lo que habrá que perseverar en el afán de abrir a este tema un lugar privilegiado en la agenda de prioridades y en el presupuesto de las instituciones estatales.
