Los fondos de pensiones en peligro
Hace casi cuatro años, cuando en enero de 2015 se aprobó un Decreto Supremo mediante el que se constituyó la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, entidad creada para ocupar el lugar de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la noticia fue con fuertes señales de alarma.
Fue así porque desde un principio fueron identificadas muchas razones para la desconfianza. Esa desconfianza es la que se ha ido multiplicando con el transcurso del tiempo y hoy ha adquirido una nueva dimensión a causa de la más recientes malas noticias sobre el tema.
Una de esas malas noticias es la que da cuenta de la decisión del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), administrador de la AFP Previsión, de llevar ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), una demanda para exigir que el Estado boliviano le pague una indemnización por haberla sacado del negocio. El monto demandado no ha sido revelado, pero hay motivos para suponer que es de gran magnitud.
La otra noticia, no menos alarmante, es la que da cuenta de los pésimos resultados obtenidos por las AFP durante los últimos años. Se trata de una vertiginosa caída de la rentabilidad de los más de 12.856 millones de dólares que administran. Una caída que va del 8% hace diez años, a poco más del 2% actual.
Vistas fríamente, esas cifras son de por sí muy malas. Pero lo son mucho más si se considera que tras ellas está el bienestar de alrededor de 2 millones de personas aportantes. legítimas propietarias de los casi 13 millones de dólares cuyo futuro hoy está en gravísimo riesgo.
En términos prácticos, eso significa que, con las cifras actuales, quienes pusieron su futuro en manos de las AFP no podrán recibir más del 17% del sueldo que percibe en la edad laboral. Exigua cifra que tiende a disminuir con cada día que pasa.
Para empeorar el panorama, el porcentaje de esos recursos que cae en manos del Estado es cada día mayor. Es decir, poco a poco, se está volviendo al punto de partida, el que marcó el colapso del antiguo sistema de pensiones, que es la facilidad con que los gobernantes echan mano a los recursos de los trabajadores bolivianos para solventar los despilfarros a los que son tan proclives.
El problema es gravísimo pues lo que está en juego es nada menos que el futuro de 2 millones de asegurados a los que se está condenando pasar en la miseria la recta final de sus vidas.
