La nacionalización, tortuga de las AFP

Columna
RAÍCES Y ANTENAS
Publicado el 21/08/2018

A raíz del inicio de un arbitraje iniciado por la AFP Previsión (Banco BBVA) contra el Estado boliviano ha entrado nuevamente en el debate el tema del sistema de pensiones. Cuatro puntos son claves para analizar esta política pública: cobertura del sistema (cantidad), beneficios (calidad), sostenibilidad financiera (costos) y administración (pública, privada o mixta) . Desde hace casi 22 años, Bolivia cuenta con un sistema de cobertura universal. El Bonosol, ahora convertido y mejorado en Renta Dignidad, es un avance significativo en el régimen de seguridad social de largo plazo financiado por el sector gasífero. Es un ejemplo de continuidad de políticas públicas que beneficia al 96% de la población total.

En 1997, un sistema de capitalización individual sustituyó al antiguo sistema de reparto, creando dos AFP. En la actualidad éste cubre aproximadamente al 41% de la población ocupada. En 2010, a través de la Ley de Pensiones 065, en teoría, se estatizaron los fondos de capitalización individual, aunque en la práctica sigue en manos privadas, como veremos más adelante. Esta nueva reforma también creó un fondo solidario y dio beneficios especiales a las mujeres.

El nivel de cobertura de pensiones es una proxi del tamaño del sector formal en Bolivia. El restante 59% de la gente sobrevive en la informalidad neoliberal. Millones de comerciantes, transportistas, trabajadores y profesionales independientes, productores del sector rural, artesanos, gremialistas, empleadas domésticas no cuentan con un seguro de vejez. La ampliación de la cobertura de la seguridad, para que estas personas lleguen a la tercera edad de manera digna, es un desafío complejo de la política pública.

Se han hecho esfuerzos para que los independientes contribuyan al sistema de pensiones, es el caso reciente de los transportistas, pero, en general, se avanzado muy poco en esta materia. Si reconocemos que se debe ampliar la cobertura, debemos ser capaces de responder el tema crucial del financiamiento. La Ley 065 también toca el tema de beneficios. Los trabajadores con mejores salarios (0,5% adicional al 10) y empresas (3%) deben contribuir para ayudar a los jubilados de menores ingresos. Lamentablemente, en esta reforma ni el Estado ni el sector informal rico ponen un sólo peso para este fondo solidario. Esta reforma tiene un carácter claramente regresiva y nos es sostenible.

Los temas de financiamiento y administración del fondo de pensiones son los más delicados y polémicos. Cabe recordar que las AFP administran algo como 16 mil millones de dólares, 46% del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, buena parte de la riqueza de las clases trabajadores de Bolivia. Cada centavo de este dinero ha sido ahorrado en base a “sangre, sudor y lágrimas” por más de 2, 2 millones de personas. Este ahorro colectivo es un patrimonio de los bolivianos (as) que se debe preservar. Los jubilados están en torno de 120 mil personas. La Ley 065, en el año 2010, creó la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, entidad que debería reemplazar a la AFP Previsión y Futuro de Bolivia. Transcurridos ocho años, el Gobierno no ha sido capaza de realizar este traspaso. Una especie de nacionalización tortuga que podría tener problemas más complejos que Quiborax.

Esta ineptitud para concretar la estatización del sistema de pensiones sólo aumenta la susceptibilidad sobre la capacidad que tendría el Estado para administrar estos recursos. Los antecedentes del pasado son siniestros. El antiguo sistema de reparto quebró y fue fuente de una enorme corrupción.

En términos más estructurales, al miedo a la posible mala gestión pública se une al terror que genera, entre la gente, la falta de sostenibilidad del sistema del sistema de reparto individual. En los últimos años, el entorno de negocios cambió mucho y colocó nuevos desafíos al modelo de capitalización individual. Veamos tan sólo dos.

El retorno de las inversiones de las AFP en Bolivia han bajado significativamente. En el auge, las AFP obtenían retornos que estaban en el orden del 13,7% al año. A junio de 2018, tanto BBVA y Futuro, reportaron una tasa entre el 2,5 y el 2% al año, tasas que no llegan a cubrir la inflación. Esta cifra cayó en un 75% en relación al 2008. Claramente, el contexto financiero es muy diferentes.

Las tasas de interés en Bolivia y el mundo están muy bajas, y las estrategias de las AFP son muy conservadoras y muestran que hace años estas administradoras ya quieren irse y no realizan inversiones. Tanto Previsión como Futuro de Bolivia tienen más del 80% de sus inversiones en DPFs de ´bancos y en papeles del Gobierno, y han fracasado en alcanzar acuerdos con el Estado. En general, se observa una pérdida de calidad de los servicios.

También cabe mencionar el tema de transición demográfica. Bolivia es un país joven y la expectativa de vida ha aumentado. Ambos hechos introducen una enorme presión financiera al sistema. ¿Podrá la Gestora Pública elaborar una ingeniería financiera para contrarestar estos cambios estructurales, cuando en ocho años no pudo tomar control de los fondos de pensión? ¿O la nacionalización tortuga tiene un error de diseño inicial y sería tiempo de rever la reforma de pensiones para adaptarse a los nuevos tiempos, pensando en una administración mixta, por ejemplo?

 

El autor es economista

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