Simulacro anual de inspección vehicular
Una vez más, como es habitual a estas alturas del año, se ha iniciado la “Inspección Técnica Vehicular” (ITV), una especie de simulacro anual que se escenifica en nombre de la seguridad ciudadana pero, como es fácil constatar, en los hechos no sirve más que para dar a la Policía Boliviana una fuente adicional de ingresos económicos.
No es pequeño el negocio que se esconde tras la ITV. Aunque los informes oficiales son poco menos que inaccesibles, se sabe que la recaudación anual se aproxima a los 30 millones de bolivianos, lo que equivale al 30 por ciento de los ingresos totales de la Policía Boliviana. Una parte de ese dinero es utilizada para pagar los sueldos y jubilación de los policías.
Tan importante como lo anterior es que junto al procedimiento formal se mantiene vigente uno paralelo, hecho a medida de los sindicatos de transportistas que adquieren en masa las rosetas, a precios muy convenientes, sin que sus vehículos reciban ni una superficial mirada. Así se explica, entre otros factores, la frecuencia con que se producen accidentes de tránsito atribuibles al pésimo estado de los carros que prestan servicio público.
Es tan evidente la falsedad que se esconde tras esta práctica que nadie la toma en serio. Se sabe que la tal inspección no sirve para ninguno de los propósitos con los que se pretende justificarla, pero incluso así, haciendo gala de una paciencia admirable, son decenas de miles las personas que, disciplinada y sumisamente se someten a las exigencias del ritual. Y otras tantas las que resignadamente pagan multas o sobornos para evitar hacerlo.
Es verdad que últimamente se han hecho algunas mejoras para atenuar en algo las molestias que deben sufrir quienes quieren hacer revisar sus vehículos, como la posibilidad de depositar en las cuentas policiales a través de diferentes bancos el monto exigido por tan singular “servicio”. O hacer “reserva de hora” a través de la página web de la Policía Boliviana o de una línea telefónica habilitada para tal efecto. Pero, más allá del aspecto de modernización, en el fondo en nada disminuye el carácter ficticio de esta imposición policial.
Siendo esa la evidente realidad, no es fácil explicar por qué se insiste en mantener vigente una práctica tan irracional, aunque los montos recaudados para las arcas policiales pueden dar alguna pista. Bueno sería, por eso, que empiece a considerarse seriamente la posibilidad de buscar una fórmula mejor para financiar las actividades policiales y para verificar el buen estado de los vehículos que circulan por los caminos de nuestro país.