Las manillas electrónicas

Columna
RATIO IURIS
Publicado el 09/09/2018

Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, en su famosa obra “Tratado de los delitos y de las penas” criticaba la crudeza de las penas e introducía criterios para manejar principios de proporcionalidad entre éstas y los delitos. Decía él que “si el placer y el dolor son los motores de los seres sensibles, si entre los motivos que impulsan a los hombres aun a las operaciones más sublimes, fueron destinados por el invisible legislador el premio y la pena; de la inexacta distribución de ésta nacerá esa contradicción tanto menos observada cuanto más común de que las penas castigan los delitos a los que han dado vida. Si se destina una pena igual a dos delitos que ofenden de manera desigual a la sociedad, los hombres no hallarán un obstáculo más fuerte para cometer el mayor delito, si a él ven unida una mayor ventaja”.

Es un hecho no solo relevante sino insoslayable, que el sistema penitenciario en Bolivia es fatalmente caótico e inhumano. Los episodios que se han vivido meses atrás en cárceles bolivianas respecto a confrontaciones entre bandos de penitenciarios, que por cuotas de poder han puesto en riesgo, incluso, la vida de presos no inmersos dentro de esas redes, da cuenta de una realidad que exige atención inmediata y paliativos sumarísimos. Nunca ha existido una verdadera voluntad de mejorar las condiciones de vida de los reclusos y menos de establecer con propiedad, un sistema de inserción en la sociedad una vez cumplidas las sanciones. En todos los gobiernos ha sido y es así. Prueba de ello, el nivel de cárceles con el que contamos. Y es que el encierro no tiene porqué constituirse en un proceso de “ostracismo” que anule al ser humano al punto de degradar su condición de vida.

En situaciones normales, un Estado maduro e institucionalizado, implementa políticas carcelarias y punitivas que responden a las preocupaciones que en 1764 ya las exteriorizaba Beccaria. No solo es buscar la proporcionalidad entre el delito y la pena a ser impuesta, sino establecer mecanismos alternativos de cumplimiento de las sanciones y, con ello, agresivas políticas de mejoramiento del sistema carcelario.

Eso quiere decir que en Bolivia, donde  el gasto estatal es importante y muchas veces suntuario, debería priorizarse la inversión enfocando la mejora de cárceles y la aplicación de planes de inserción social de la población carcelaria, bajo una visión en la que se considere el tratamiento y solución de esta problemática como lo que anoto, una verdadera inversión del Estado en sus ciudadanos a fin que éstos no queden como ahora, abandonados en recintos hacinados e inseguros, donde el delito sigue siendo una constante. Mirar lo que se hace en otros países, en todo caso, ayuda si se visualiza como uno de los deberes del gobierno de turno, tratar este tema con la madurez y coherencia debida. 

Bajo este enfoque, se está buscando la implementación de las manillas electrónicas, a través de una ley que autorice su uso. Esa es una muy buena medida y quienes están tras la misma, probablemente con un punto de vista similar, entienden que la pena, además de punitiva y sancionatoria, debe, al ser impuesta, respetar la condición humana de las personas. Hacen bien los promotores y todos quienes están trabajando en este proyecto, porque en la medida que se reconozca primero y, se entienda después, que nuestro sistema carcelario es caótico, no solo podremos alivianar la carga en recintos carcelarios, sino que evitaremos que ante determinados casos, la detención preventiva sea la regla y no la excepción. Para ello, las manillas electrónicas ayudarán a ese propósito, y a proteger también a víctimas de violencia familiar, en un enfoque donde la tecnología podrá ser utilizada en beneficio colectivo como debe ser.

En definitiva, priorizar la puesta en marcha de un proyecto de ley con un alcance en lo social, económico y jurídico como el comentado, debe ser una prioridad nacional.

 

El autor es abogado.

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