¿Por qué fracasamos?

El fallo de La Haya puso fin a la Guerra del Pacífico, dicen. A la derrota militar se agregó la jurídica. Entre ambos hitos hay más que coincidencia de resultados, hay continuidad de método, que explicaría otros fracasos nacionales.

Fracaso en La Haya

El gobierno boliviano, impaciente por avanzar hacia una salida soberana al mar y con declinante respaldo político, abandonó la diplomacia y recurrió al campo jurídico, poniendo en juego una riesgosa apuesta: no basada en la ley sino en un abstracto sentido de justicia.

Parecía ventajoso: “solución” más rápida (así fuera simbólica) y disputa entre equipos técnicos que se reclutarían en el mercado mundial de especialistas. Además la decisión la tomaría un grupo de personas en cuya razón y sensibilidad confiaba más que en un enfrentamiento directo.

El riesgo estaba en la peculiar doctrina jurídica de la demanda: la de los derechos expectaticios, o de que las promesas causan obligación. Esta tesis no está en las normas del derecho internacional, creado a través de tratados, y su uso en algunos casos fue muy específico y limitado.

Se apostó a que la Corte Internacional de Justicia quisiera asumir un rol normador y, en ausencia de tratados, creara jurisprudencia. Así funciona el sistema anglosajón por lo que había una probabilidad de lograr este propósito.

Las declaraciones posteriores muestran que la demanda boliviana se sustentaba en esa frágil esperanza. Lamentan que la CIJ no se animara a ser más progresista, y le reprochan que admitiendo que perdimos la salida al mar en una guerra, no quisieran reparar la injusticia.

Pero esto implicaba que la gestión debió ser acompañada de un vasto operativo diplomático y político que convenciera a los jueces de la CIJ de que podían llevar su decisión más allá de lo estrictamente legal. Había que lograr que los países más influyentes consideraran útil para todos, que se establecieran precedentes para resolver otros casos.

Esto no se hizo. Algo así requiere un trabajo consistente de toda la cancillería, y de más tiempo que los cinco años disponibles. Además, la mayor parte de nuestros diplomáticos, designados más por favor político que por experiencia internacional, difícilmente convencerían a otros países de apoyar una actuación “normativa” de la CIJ. La demanda debió ser la culminación de esas gestiones, pero el tiempo político, marcado por el objetivo de la permanencia en el poder, era corto, y la pasión ideológica se fue por las ramas de la confrontación.

Conocemos el resultado. La CIJ fue cautelosa y se concentró en una interpretación jurídica de los documentos, rechazando la demanda boliviana: Chile no tiene obligación de negociar.

Los abogados no han podido arreglar lo que en 1879 “le metimos nomás”.

Fracaso en la guerra

La guerra. Un año antes el presidente Daza desestimó los reclamos chilenos y ordenó aplicar el impuesto al salitre pese a que el Tratado de Límites de 1874 acordaba no crear nuevas contribuciones a la actividad económica de entidades chilenas en la zona durante 25 años. Ante la negativa de la salitrera a pagar, ordenó su confiscación y remate (nacionalización le llamaríamos), fijando para ello el 14 de febrero de 1879.

Había crisis y el gobierno necesitaba recursos, pero el presupuesto fiscal se despilfarraba. La oficialidad militar por ejemplo, era abultada en número y remuneraciones para neutralizar su tendencia golpista: un oficial por cada tres subordinados (según Sater) no garantizaba capacidad de combate.

Para entonces, se sabía que un tratado secreto firmado en 1873 con Perú le obligaría a intervenir en caso de agresión. Cuando los chilenos acercaron tropas al puerto de Antofagasta para evitar el remate, Daza apostó a que no desembarcarían. Era arriesgado, porque los tratados de límites eran muy frágiles y eran evidentes la capacidad chilena para expandir su territorio, y la debilidad nuestra para retener lo que nos dejó la Colonia. Daza ordenó el remate y el 14 de febrero las tropas chilenas ocuparon Antofagasta. En vez de recurrir al arbitraje previsto en el Tratado, Daza elevó la apuesta y asumiendo un “estado de guerra”, movilizó al ejército y pidió a Perú que cumpliera lo pactado. Era una declaración de guerra implícita, a la que Chile respondió atacando Calama y declarándola. Daza perdió la apuesta y la pagamos cediendo el Litoral, y arrastrando a nuestros aliados a la pérdida de Tarapacá y Arica.

La audacia y la ley

Como la de Daza, la de Evo fue una apuesta arriesgada. El premio parecía grande pero, no teniendo los recursos necesarios para respaldar lo que estaba en juego, el riesgo era excesivo. Si antes nos llevaron a la guerra sin ejército, ahora nos llevaron a juicio sin ley.

En vez de desalentar al contrincante, le indujeron a pedir que se mostraran las cartas. Perdimos. La cuenta de la guerra fue enorme. Daza nunca cobró los impuestos y fue expulsado de Palacio, y los bolivianos sembramos de muertos la costa perdida. Aún no sabemos cuál será el costo de esta derrota para Evo, pero para el país se cerraron los candados de la reivindicación marítima. Podremos mejorar los accesos al mar, pero será con otras razones y argumentos.

Perdimos el mar por la audacia de ignorar la ley, considerándola una formalidad que puede “arreglarse” de cualquier modo y no como un contrato que limita y enmarca derechos y obligaciones.

Es hora de repasar nuestra historia, pasada y cercana, para reconocer qué más perdimos por despreciar la ley, ignorar la Constitución, romper contratos, “meterle nomás”... este modo tan nacional de encarar las cosas.

El autor es director del Ceres