Los militares no se fueron

Algunos comentaristas citan asombrados el pasado militar de Jair Bolsonaro, futuro presidente de Brasil, salvo alguna catástrofe como sucedió con Tancredo Neves en 1985. Aparentemente, los militares que gobernaron de forma sangrienta y entreguista a la América morena dejaron el poder con la oleada constitucional, de la cual Bolivia fue pionera en 1982. Los hechos muestran que, por el contrario, se mantuvieron detrás del escenario y no aceptaron salirse del guión, como en Argentina con los Carapintadas entre 1987 y 1990.

El espectro se ensombreció con la influencia del boina roja Hugo Chávez en Venezuela, quien envolvió de militarismo el ambiente político latinoamericano, tanto en el lenguaje como en la actitud cotidiana (participación de las Fuerzas Armadas en la reprensión).

En Bolivia, los militares desarrollaron dos líneas, la institucional que criticó la presencia de los asesores estadounidenses y el involucramiento militar en tareas policiales, como también la llegada ilegal de tropas venezolanas y el arribo inexplicable de aviones desde Caracas. La otra línea, mayoritaria, cogobierna abiertamente desde 2006. Ambas se benefician de aumentos salariales permanentes, igual que en los años 70; se jubilan con el 100% de sus salarios.

Su cabecera principal es un capitán entrenado por los yanquis; destacado funcionario con el general Hugo Banzer y actual embajador ante Cuba. Juan Ramón Quintana. Su habilidad como operador político lo sitúa como el Vladimiro Montesinos boliviano.

Sin él y sin Raúl García Linera, también de línea militarista, no se explican muchos de los montajes de fina inteligencia que ya son parte de la historia nacional. Aplicó estrategias informativas para confundir o maquillar los problemas del gobierno que consiguieron reemplazar la falta de políticas de comunicación para el desarrollo.

Son muchos los militares que ocupan desde hace 12 años embajadas o puestos en empresas de alto rendimiento económico como BoA o Mi Teleférico, ambas aprovechadas para hacer permanente propaganda para Evo Morales, sin respetar ni la normativa ni códigos de ética.

El negocio del teleférico, que también involucra al empresario chavista Carlos Gill, fue entregado a un uniformado sin antecedentes en transporte masivo ni en planificación urbana. En los últimos meses, todo un aparato estatal acompaña a César Dockweiler para posicionar su candidatura a la alcaldía de La Paz. Se cita a dirigentes vecinales para ofrecer proyectos y de pronto aparece la relación con este militar. Recordemos que gracias al aliado de Samuel Doria Medina, Omar Rocha, Dockweiler puede cortar árboles, ocupar plazas, poner torres donde le dé la gana. ¿Es imaginable un uniformado de burgomaestre en La Paz?

Hace 50 años, en octubre de 1968, la región conoció dos experimentos militares. El primero, con Juan Velasco Alvarado, llevó al Perú al borde del colapso.

El segundo, del general Omar Torrijos, obligó a Estados Unidos a devolver a Panamá la soberanía sobre el Canal interoceánico y priorizó la inversión social; fue la excepción.

Lo cierto es que los militares han terminado con los sueños de los venezolanos, de los nicaragüenses y de los bolivianos.

La autora es periodista