IV Expo Construcción e Industria
Anoche, como ya tiende a hacerse habitual a estas alturas del año, se ha inaugurado la IV Expo Construcción-Industria. El campo ferial de la laguna Alalay es por cuarto año consecutivo el punto de encuentro donde 213 empresas expositoras podrán ofrecer los bienes y servicios –que producen o importan– a quienes directa o indirectamente están involucrados en el rubro de la construcción.
Como ya se pudo ver los tres años anteriores, esta feria es un fiel reflejo del lugar que la construcción ocupa en la estructura empresarial y productiva de nuestra región. No es casual que a este sector pertenezca más de la mitad de las empresas afiliadas a la Cámara de Industria de Cochabamba.
Es tan importante el peso relativo de este sector en la economía regional, y también a escala nacional, que resulta muy adecuado el rótulo de “locomotora del crecimiento económico” que se le suele atribuir. Por eso, no es exagerado afirmar que el sector es uno de los más fieles indicadores del estado de salud de la economía y de sus proyecciones hacia el futuro inmediato.
Paradójicamente, y a pesar de lo anterior, las empresas constructoras de nuestro país, desde las más pequeñas hasta las más grandes, están siendo sometidas a políticas públicas que parecen especialmente concebidas para dificultar su labor.
Uno de los principales motivos de reclamo de los empresarios del sector de la construcción es la manera como el gobierno nacional –pero también los departamentales y los municipales– están administrando los recursos destinados a obras públicas. Se refieren a la ventaja que se da a empresas extranjeras en desmedro de las nacionales. Es un evidente caso de competencia desleal alentada por una incomprensible e injustificable parcialización gubernamental en favor de firmas foráneas.
De nada sirve que la legislación vigente sobre el tema, empezando por la Constitución Política del Estado, dé prioridad a las nacionales respecto de las extranjeras en las licitaciones. Tampoco vale el Decreto 181, que regula las adjudicaciones y establece que si hay un capital de más del 50% boliviano en una empresa que participa, ésta tiene un puntaje adicional en la licitación para su calificación, pues en los hechos eso no se aplica.
La preocupación de los empresarios de la construcción está justificada si se considera que son sumas muy cuantiosas las que están en juego. Más aún en circunstancias como las actuales, cuando la pérdida de vigor de la economía obliga a administrar con rigor y eficiencia los recursos disponibles.
