El doble aguinaldo contra los más necesitados
El Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) se ha sumado ayer a las muchas empresas e instituciones que consideran que el pago del segundo aguinaldo dispuesto por el gobierno nacional pone en serio riesgo sus proyecciones hacia el porvenir.
En efecto, tal como lo vienen haciendo desde hace cinco años, las autoridades jerárquicas de la iglesia católica han expuesto, con sólidos argumentos, que la única manera de cumplir con la obligación de pagar el segundo aguinaldo sería privar de esos recursos a todos los proyectos sociales que financia esa institución en el territorio nacional.
"Todas las obras sociales de la Iglesia son totalmente dependientes de la caridad y la solidaridad, y frente a la medida del doble aguinaldo corren el peligro de tener que cerrar, dejando de prestar su servicio a los más necesitados", dice el comunicado de la Conferencia Episcopal. En esos mismos términos se dirigió al gobierno nacional, a través de la cancillería, sin haber recibido hasta ahora ninguna respuesta.
El pedido que hace la CEP para que se exima a esos proyectos sociales del pago del segundo aguinaldo es de lo más razonable. Como toda persona de bien sabe y reconoce, las obras sociales de la Iglesia están dirigidas a quienes más ayuda y solidaridad necesitan. Sus principales beneficiarios son niños, adolescentes, jóvenes, personas en situación de calle, personas con dependencias de alcohol y drogas, privados de libertad, madres adolescentes, personas de la tercera edad, personas con problemas psiquiátricos, víctimas de trata y tráfico.
En términos cuantitativos, las obras cuya viabilidad está siendo puesta en peligro son casi 3.000. Son por lo menos 1.500 las relacionadas con labores educativas, 600 con la prestación de servicios de salud, 300 obras de protección social, 200 de comunicación y más de 50 proyectos productivos.
Es bien sabido que se trata de obras deficitarias, ninguna de las cuales tiene fines de lucro, y que con muchas dificultades sobreviven gracias a los aportes voluntarios de la feligresía. Son, además, obras cuya razón de ser es aliviar las penurias de las personas más necesitadas, por lo que son ellas las que en última instancia tendrán que pagar el costo de la disposición gubernamental.
El pedido de la Iglesia católica es por demás razonable. A no ser que se actúe con excesiva mala fe, no hay argumento que valga a la hora de justificar la inflexibilidad gubernamental.
Columnas de Redacción Central
