Subsidio a la demanda y calidad de la educación

Columna
DE LA EDUCACIÓN Y SUS ALREDEDORES
Publicado el 09/01/2019

Hace unos días Roberto Laserna, acucioso investigador del Ceres y apreciado amigo, ha recomendado aplicar en el país una política educativa nacional de subsidio a la demanda, para mejorar la calidad de la educación. La ha propuesto como ejemplificación de la diferencia entre una política pública con la gente o de participación, y las ineficaces políticas gubernamentales, cuyo principio y fin es el Estado.

No puedo menos que convenir con Laserna en la necesidad de recuperar el concepto de participación para la formulación e implementación de políticas públicas. Convengo, también, plenamente en la necesidad de mejorar la calidad de la educación, estableciendo parámetros exigentes para medir los resultados e instalando sistemas transparentes e independientes de evaluación, que no existen en el país. Bolivia participará este año en las pruebas del Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE-2019) del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, de la Unesco. Allí pueden encontrarse las bases para establecer los mínimos exigibles, que pide el proponente, al menos en las tres áreas que miden estas pruebas: lectura, matemática y ciencias naturales.

¿Cómo usar los resultados de las evaluaciones? Laserna propone una manera de hacerlo: i. clasificar a los centros educativos en buenos, regulares y malos, según los resultados que obtengan, o algo similar; ii. Otorgar asignaciones presupuestarias por alumno a las escuelas que logren atraerlos o entregar vales o vouchers a los padres de familia para que escojan la mejor escuela para sus hijos; iii. Estimular la competencia entre las escuelas para asegurar la calidad de la educación, pues la posibilidad de elegirlas o no las obligaría a cambiar (lo que supone contar con políticas complementarias, como las que otorguen autonomía a las escuelas sobre la oferta educativa, por ejemplo).

En suma, esta recomendación busca sustituir la acción directa del Estado para mejorar los factores que afectan a los resultados, por la administración de un sistema de subsidios a los padres para que compren el servicio educativo en forma competitiva. Quisiera llamar la atención sobre uno de los argumentos en los que el apreciado columnista se apoya para sostener la idea. El argumento es que introducir la educación en los esquemas de mercado producirá la mejora en la calidad de los resultados, debido a las leyes que rigen la oferta y la demanda.

La idea fue concebida originalmente por Milton Friedman en 1955 para romper el monopolio de la escuela pública. Chile (1982) la introdujo, a gran escala, mediante un sistema de vouchers, cubriendo todo el país y a todos los alumnos. Actualmente, catorce estados en EEUU también los ofrecen. Debo añadir que el Presidente Trump considera a esta política como una prioridad de la reforma de las escuelas en su país, por lo que puso a una empresaria al frente de su Secretaría de Educación.

Este tipo de política no ha dejado de estar presente en el debate internacional y, por supuesto, tiene opiniones favorables, como detractores. La evidencia internacional, sin embargo, muestra resultados contrarios al argumento en que se funda la propuesta de aplicarla en nuestro país. Para el caso chileno, (Gallego y Sapelli, 2007; Kremerman,2015), las investigaciones mostraron, además de otras consecuencias que no vienen al caso, escasos avances en calidad. Hoy en día, casi la mitad de los estudiantes no logra desarrollar habilidades básicas, obteniendo 30 a 70 puntos menos que el promedio de la OCDE en las pruebas de lectura, matemáticas y ciencias naturales. Para el caso norteamericano, un estudio (Carlson y Smith, 2014) sobre el programa de vales o vouchers escolares más antiguo en los Estados Unidos, el de Milwaukee (Wisconsin), encontró que los estudiantes de escuelas públicas superaron a los del programa de vouchers en todos los exámenes estatales de lectura y matemáticas. El profesor Martin Carnoy (2017), de la Universidad de Stanford, luego de analizar 25 años de investigaciones, encontró que los programas de voucher no mejoran significativamente los resultados escolares. Concluye, más bien, que distraen de la aplicación de políticas y programas con impacto comprobado en los logros de aprendizaje.

Obviamente no pretendo ninguna comparación de los sistemas educativos aludidos, con el boliviano, ni menos de sus estructuras sociales. Pero tal parece que la evidencia no endosa la convicción de que es la elección de los padres la que determina y causa la oferta de calidad en educación. Aparte de que es solamente un supuesto que las familias elegirían los colegios basados en criterios de calidad. Hay otros atributos de las escuelas que intervienen en la decisión de los padres (cercanía del centro educativo a la casa o al trabajo, por ejemplo), que conviene estudiar para el caso boliviano.  

Si bien la oferta y la demanda son la regla de oro en una economía de mercado, para aplicarla a la educación es necesario considerar a ésta como una mercancía. Y esa es una concepción con la que no puedo transar. Participo, más bien, de la visión de la educación como un bien público, propugnada por la Unesco, reafirmando una visión humanista de la educación, en contraste con los enfoques economicistas y mercantilistas. La educación es un derecho humano fundante, pues es la llave para el pleno ejercicio de la ciudadanía, es decir, de todos los demás derechos y, por este motivo, no puede estar sujeta a las leyes del mercado. A la sociedad y al Estado les interesa que todos sus ciudadanos, hombres y mujeres, obtengan niveles educativos suficientes. La educación como bien público subraya la responsabilidad esencial del Estado de garantizar ese derecho a todos, salvaguardar la justicia social y el interés público en la educación.

Por supuesto que nuestro país necesita mejorar la calidad de la educación, seriamente cuestionada. Es imperioso contar con herramientas de evaluación que permitan referirse con cierta objetividad a la salud del sistema educativo boliviano. Hay solamente evidencia anecdótica sobre su calidad. No hay datos públicos. Cuando se los obtenga, preferiría que, en lugar de postular una política de subsidio a la demanda -que ha mostrado dudosos resultados en otras latitudes- se formularan y reformularan políticas basadas en la evidencia que proporcionen la evaluación y el estudio de los factores asociados a los resultados. Por ahora, la Unesco muestra, de acuerdo a los obtenidos por 15 países de América Latina (el Estado Plurinacional de Bolivia no participó en el estudio regional comparativo del año 2013), que las escuelas con mejores logros son las que dedican más tiempo de clase, tienen más insumos, evaluación y rendición de cuentas; sus directores y profesores tienen más títulos y experiencia (por tanto, prácticas didácticas más efectivas) y más estabilidad en su función; los directores tienen más poder de decisión y los maestros, menor ausentismo; los alumnos se ausentan menos y tienen menos repetición de grado. Eso traza ya un itinerario a recorrer de manera mucho más efectiva que lo hecho hasta este momento.

 

El autor es doctor en pedagogía
Jorge.riverap@tigomail.cr

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