Señales para la esperanza
Uno de los problemas que afronta la administración de justicia es su politización excesiva, agravada por un sistema de nombramientos que ha motivado que sus principales autoridades lleguen a sus altos cargos generalmente con la aprobación previa de los jefes de los partidos.
La partidización es apenas uno de los grandes males de una justicia cuya imagen se deterioró más el año recién pasado, cuando la mediatización del caso de un médico que fue sentenciado a sabiendas de que era inocente puso en evidencia muchos de los defectos que han llegado a caracterizar no sólo al Órgano Judicial sino a la magistratura coadyuvante del Ministerio Público.
El papel que cumplió la Fiscalía General del Estado en ese caso fue, por decir menos, deplorable. Muchos de los errores que condujeron a la sentencia condenatoria fueron cometidos con el aparente propósito de encubrir errores del Ministerio Público, partiendo de la médica forense que emitió el primer certificado sobre la muerte del bebé Alexander.
No obstante, la renovación constitucional de la Fiscalía, que dio paso al nombramiento de una nueva autoridad, permitió que por lo menos este engranaje de la administración de justicia se refresque y emita señales de un cambio que la sociedad entera estaba reclamando.
Por una parte está la tecnificación. Como se sabe, la mayoría de los cargos del Órgano Judicial y Ministerio Público, incluidos los más altos, deben ser ejercidos por abogados pero, para una mayor garantía de buen ejercicio, no es suficiente el título sino también la idoneidad.
El actual Fiscal General del Estado ha dado muestras, hasta ahora, de que es un hombre fundamentalmente técnico; es decir, que privilegia el ejercicio del Derecho por encima de cualquier otra consideración en el ejercicio de sus funciones.
Por lo visto hasta ahora, el todavía nuevo Fiscal es una autoridad que se esfuerza en actuar con transparencia, es ejecutivo en sus decisiones y claro en sus acciones. No fue raro, por ello, que la primera medida que tomó tras asumir el cargo fue cambiar a todos los fiscales departamentales para reemplazarlos por otras autoridades que, como él, tienen claros perfiles técnicos.
La siguiente medida, que está orientada a mejorar la efectividad del trabajo investigativo de los fiscales, es reemplazar las fiscalías corporativas por las especializadas que, además, operarán sobre la base de resultados.
Todas estas señales permiten albergar esperanzas de que, esta vez sí, el Ministerio Público se encamine hacia un cambio y asuma a plenitud su principal función constitucional cual es la de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad.
