El Silala y la CIJ
Chile ha desnudado su estrategia en el proceso que ese mismo país ha iniciado sobre el derecho de uso de las aguas del Silala: recurre a la lógica y la asociación de ideas. La lógica es la ley de la gravedad, que dice que todo se va para abajo, y el gobierno chileno pretende que todos, incluidos los bolivianos, asociemos las imágenes de las aguas que bajan hacia su país de manera natural con el argumento de que, por eso mismo, no se puede hacer nada más que aprovecharlas.
Así expuestas las cosas, parecería que Chile, que es el país que acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para este diferendo, tiene razón. “Bolivia no sólo tendrá que rebatir la posición de Chile, sino también debatir la Ley de Gravedad que es muy evidente y muy clara”, dijo el canciller chileno, Roberto Ampuero, y de inmediato fue rebatido por autoridades bolivianas, incluido el presidente Evo Morales.
La posición “científica” de Chile se basa, entonces, en la Ley de la Gravedad. El argumento no solo es utilizado por Ampuero sino que fue esgrimido, en su tiempo, por su antecesor, Heraldo Muñoz. Fue esta autoridad quien mintió descaradamente en enero de 2017 cuando dijo que “la propia inclinación natural del terreno hace que las aguas fluyan en dirección a Chile y así ha sido durante miles de años”.
Sin embargo, para confirmar esa teoría “científica” habría que ir hasta el lugar y verificar si es cierto que las aguas fluyen naturalmente a Chile. Ampuero viajó en enero de este año pero solo llegó hasta el límite con Bolivia por la sencilla razón de que no podía cruzar la frontera sin causar un alboroto internacional. Lo que vio, entonces, es el agua bajar desde Bolivia para luego ser almacenada en depósitos existentes ya en su territorio.
Si el gobierno chileno actuara con honestidad, habría tramitado autorización para ingresar a territorio boliviano, justo en la explanada donde están los más de 90 ojos de agua de los que brota el agua, pues tiene origen fósil. Es más, en marzo de 2016, el entonces canciller boliviano, David Choquehuanca, invitó públicamente a las autoridades chilenas a visitar esa zona incluso con la compañía de representantes de la ONU. Chile simplemente no contestó.Y Chile no contestó porque no le conviene ir hasta la explanada. Allí se confirma que las aguas son bolivianas.
Comprobar todo esto es sencillo: simplemente hay que viajar hasta el lugar. Las inspecciones in situ son las que se realizan en el lugar mismo de los hechos. ¿Cómo es que la CIJ no ha previsto una inspección de ese tipo?
