Gobierno y empresarios
De un tiempo a esta parte, pero con especial intensidad durante las últimas semanas, el gobierno nacional ha dado muestras de su buena disposición para congraciarse con los sectores más importantes, dinámicos, económicamente poderosos y por consiguiente los más influyentes de la empresa privada de nuestro país.
No se trata, a pesar de lo que podrían indicar las apariencias, de un cambio de orientación en sus políticas y planes de relacionamiento con algunos sectores empresariales. En realidad, hace ya muchos años que la manera como el gobierno del Movimiento al Socialismo gestiona la economía nacional tiene entre sus principales características una armónica relación con tres sectores empresariales que gozan de muy buenos tratos: agroindustrial, financiero e inmobiliario. Todos ellos tienen su base de operaciones en Santa Cruz, por lo que son identificados como empresarios “orientales”.
No puede decirse lo mismo, lamentablemente, del trato que reciben empresarios de otros sectores y otras regiones del país que, a duras penas, logran sobrevivir en circunstancias adversas, impuestas por medidas como los incrementos salariales por encima de los niveles de inflación o el pago del doble aguinaldo, entre otras medidas que desincentivan las actividades productivas de sectores como el manufacturero.
En ese contexto, los productores de oleaginosas se han ganado un lugar privilegiado. Los buenos resultados obtenidos durante los últimos años, expresados en la constante ampliación de la frontera agrícola, el incremento de la producción y el consiguiente aumento de los valores de exportación, han hecho que el gobierno nacional vea con muy buenos ojos el potencial de ese sector para llenar el vacío que van dejando las exportaciones tradicionales.
Esa relación cada vez más armoniosa se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas es el ritmo al que se avanza hacia la satisfacción de las principales exigencias de los empresarios agroindustriales, como la masificación del uso de semillas transgénicas, la liberación de las exportaciones y la eliminación de la franja de precios y los cupos de abastecimiento. En el mismo sentido se cuentan las facilidades para ampliar la frontera agrícola, lo que implica relegar, a un lugar cada vez más irrelevante, las políticas de protección ambiental.
Los efectos económicos que se pueden esperar de esa alianza entre el Gobierno y los empresarios orientales son muy grandes. Y como la relación entre la economía y la política es indisoluble, se puede también suponer que tendrá sus secuelas en el escenario político nacional. Más aún en un año tan electoralizado como el actual.
