El sistema de justicia, desconocido para los ciudadanos y nada creíble
Los bolivianos participan hoy en una nueva elección de autoridades judiciales, en un contexto de desconfianza y desconocimiento casi total del sistema y sus operadores, aunque votar para elegirlos sigue siendo la mejor opción.
Al menos este panorama está reflejado en la última encuesta del Foro Regional en las tres grandes áreas metropolitanas de Bolivia.
La investigación, elaborada del 24 de julio al 1 de agosto de este año, fue efectuada por Ciudadanía en sociedad con el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y Los Tiempos.
Según los datos, la confianza en las instituciones, en niveles extremadamente bajos en general, se cierne particularmente sobre la justicia. En una escala del 1 al 7, la calificación de confianza en el sistema de justicia en las áreas metropolitanas del eje es de 2,78, que se consideraría “aplazo”, con un agravante: la calificación es menor cuanto mayor es la experiencia de vida del votante. Los jóvenes asignan un promedio de 3,19 en tanto que los mayores apenas 2,59.
Cuando se pide calificaciones más específicas, la situación cambia, pero no mucho. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) logra una calificación más alta que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y éste más que el sistema en su conjunto, pero ninguno supera el nivel de aplazo (que sería de 3,6). Incluso la justicia originario campesina, que se aplica en algunas comunidades rurales, logra una calificación algo mayor que el sistema formal, pero tampoco alcanza a superar el aplazo.
A la desconfianza se suma el desconocimiento de las funciones del sistema judicial. La gente no conoce cuál es la función del TSJ e incluso en el grupo con mayor proporción de respuestas afirmativas, los que dicen no conocer superan la mitad.
El Tribunal Agroambiental es incluso menos conocido que el Supremo. Más de tres cuartos de los votantes jóvenes no sabe cuál es su función y aunque el conocimiento mejora con la edad, no pasa de poco más de un tercio entre los mayores de 50.
El conocimiento de las funciones del Consejo de la Magistratura es más bajo todavía. Entre los jóvenes la proporción de los que no saben de qué se trata supera el 86 por ciento y entre los adultos lo conoce menos del 40 por ciento. El Tribunal Constitucional es un poco más conocido que los otros, pero aún en este caso más del 60 por ciento de la gente reconoce que no sabe cuál es su función.
Consecuencia
El desconocimiento, la desconfianza y la poca transparencia del proceso de selección de candidatos ha generado un muy alto nivel de escepticismo en el proceso electoral.
Además, más de la mitad de la gente en las ciudades metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz ni siquiera se habían enterado a principios de agosto pasado que se acercaba la elección de cargos judiciales.
Según los datos de la encuesta, el 61,6 por ciento de las personas consultadas indicaron que no creían que las elecciones judiciales de 2017 ayudarán a resolver los problemas de la administración de justicia en el país, mientras que sólo 38,4 respondió afirmativamente.
En Cochabamba, el escepticismo parecía ser mayor con un 64,7 por ciento de los ciudadanos encuestados que estaban poco optimistas sobre los efectos de los comicios en la justicia.
A quienes a la anterior pregunta respondieron con una opinión escéptica se les pidió que identifiquen las principales causas de sus dudas y se les dio a elegir entre cuatro posibilidades. Más de la mitad (51,1 por ciento) se refirió a que “ni el Gobierno ni la oposición están comprometidos con la reforma de la justicia”; “los problemas están en otra parte”, fue la opción elegida en segundo lugar por 22,9 por ciento de las personas. Un 19,2 por ciento atribuyó sus dudas a que “no habrá buenos candidatos”, mientras que 6,7 por ciento consideraba que los problemas de la justicia boliviana “no dependen de los magistrados”.
A esto se suma que desde el punto de vista de las personas encuestadas, la afinidad (52,2 por ciento) y los avales políticos (28,8 por ciento) habrían sido los criterios que más primaron en la preselección de los postulantes.
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Pese a todo, elegir por voto es mejor que por méritos
Aunque la gente en general ve con mucho escepticismo el proceso y los comicios judiciales en sí, la elección misma de jueces por voto popular no parece descartada del todo, al menos en las regiones metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Con una calificación de 4,28, aprobación regular, se apoya la idea de que elegir por voto es mejor que por méritos. Pero con una condición: que el voto no sea obligatorio. Esta opción tiene una calificación mayor, casi cercana a 5.
Sin embargo, es poca la confianza que inspira en la ciudadanía el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). En efecto, cuando se preguntó: “¿usted cree que el OEP administrará de manera transparente el proceso de elecciones judiciales 2017?”, casi dos tercios (65,3 por ciento) de las personas respondieron negativamente. En Cochabamba, ese porcentaje es mayor que en las otras dos ciudades.
Algo similar puede decirse de la percepción negativa que la mayor parte de las personas encuestadas tiene sobre las restricciones impuestas a la difusión de información sobre los candidatos. Sólo 24,3 por ciento consideró que esa medida “es adecuada porque evita la politización”, mientras que el 75,7 restante se dividió entre quienes creen que “es perjudicial porque impide conocer a los candidatos” (30,8) y “es una manera de reprimir la libertad de los ciudadanos” (44,9 por ciento), respectivamente.
3-12-2017_encuesta_elecciones.pdf
3-12-2017_encuesta_elecciones.pdfDescripción:
SEPA MÁS
Muestra de la encuesta
1.171 personas de las áreas metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Margen de error
+- 2,83 puntos porcentuales en la representación conjunta de las tres áreas y hasta 4,9 puntos en cada una.
Nivel de confiabilidad
El nivel de confiabilidad de la encuesta metropolitana es del 95 por ciento.
ANALISIS
La justicia a mano alzada
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Vivian Schwarz Blum
Socióloga y politóloga; coordinadora de Investigación Social en Ciudadanía
Hemos perdido a la justicia. Hemos perdido la confianza en los funcionarios de las instituciones, los responsables, las normas y las leyes, pero peor aún, hemos perdido la confianza en algo mucho más central e importante, la creencia de que el Estado boliviano tiene la capacidad o la voluntad de hacer justicia.
No lo digo yo, lo dicen los bolivianos que participan en encuestas de opinión: ya no creemos en la justicia. Más allá de los problemas institucionales, más allá del sentimiento de estar desprotegidos y de los problemas de inseguridad, la pérdida de confianza en el principio de la justicia en un contexto democrático es devastadora, como una enfermedad terminal que debilita la estructura institucional del Estado, debilita el Estado de derecho, debilita a la democracia como forma de gobierno y debilita el tejido social del país.
Si nadie nos protege y “la justicia” se hace a mano alzada para acomodar necesidades políticas o conveniencias individuales, las reglas del juego se desvanecen y son más bien alternativas informales que hemos aprendido a reconocer en el funcionamiento del sistema judicial, buscamos también “alternativas” para combatir la impunidad y la impotencia entre nosotros: vigilantismo, desconfianza, amenaza y sospecha entre ciudadanos que nos hacen perder libertades, privacidad, seguridad y derechos.
La democracia nos promete y garantiza derechos y libertades. Cuando la justicia se hace a mano alzada, las consecuencias institucionales trascienden a lo social: la vulneración sistemática de los derechos humanos y civiles de la ciudadanía. Del lado que se mire, hemos perdido.
ANALISIS
Justicia: la democracia en juego
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Roberto laserna
Economista y asociado del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres)
La democracia moderna surgió como parte de los esfuerzos de la gente por construir un entorno político que garantice las libertades individuales. Ello se lograba con normas y compromisos de cumplimiento obligatorio para todos, gobernantes y gobernados, para los que tenían el poder como para los que carecían de él. La democracia nació para controlar al poder. Por tanto, la democracia es, en esencia, Estado de derecho, respeto a la ley, independencia de poderes.
Para lograr esos elementos esenciales se desarrollaron los instrumentos del voto, la participación política, la formación de cuerpos legislativos y de representantes de los ciudadanos. Mecanismos importantes solamente si garantizan la primacía de la ley y la subordinación de los poderes a la ley.
De ahí nace la relevancia del sistema judicial. De su funcionamiento eficaz e independiente depende la posibilidad de que una persona se defienda y proteja ante cualquier abuso. Nuestro bienestar político y económico, nuestra condición ciudadana, dependen del respeto a la ley y de una justicia limpia y eficiente.
La reforma el sistema judicial pone todo esto en juego. Los datos de la encuesta del Foro Regional muestran que la gente lo sabe, y por eso enfrenta con escepticismo el proceso para elegir magistrados, confesando que votará obligada por algo que desconoce. Pero el resultado más triste de esta encuesta es saber que tanto esfuerzo será vano, pues no resolverá los desafíos fundamentales de nuestra justicia.
Deberíamos tomar estos datos como advertencias de una descomposición institucional y política que puede agravarse si a la desconfianza que manifiesta se le suma la frustración.
