Cruceños festejan paro contundente y alistan más movilizaciones
El paro departamental en Santa Cruz fue contundente desde su inicio. Una similar medida se llevó adelante en Potosí, Oruro y Tarija en rechazo al Código del Sistema Penal pero también contra la reelección de Evo Morales.
El cese de actividades en Santa Cruz, que expresó el rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales y a la puesta en vigencia del nuevo Código del Sistema Penal, tuvo una importante aceptación en las 15 provincias, sin embargo, el Gobierno nacional afirmó que fue un paro forzado y antidemocrático.
La Unión Juvenil Cruceñista, con al menos 3.000 jóvenes desplegados en diferentes puntos de la ciudad, verificó el cumplimiento del paro de actividades desde las 00:00 horas de ayer. Inicialmente se registraron algunas resistencias, sobre todo en locales nocturnos de expendio de bebidas alcohólicas, pero finalmente la medida de presión cobró fuerza y la ciudad amaneció con sus principales carreteras bloqueadas.
Durante las primeras horas, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, encabezó una vigilia en los pies del monumento El Cristo. Posteriormente recorrió las calles de la ciudad acompañado por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y otras plataformas ciudadanas.
La contundencia del paro fue evidente también en al menos 14 de las 15 provincias del departamento, donde se registraron sendas marchas y bloqueo de carreteras. Sin embargo, hubo algunos altercados en Guarayos, pues el Comité Cívico de esa provincia instruyó a su población no acatar la medida de presión. Eso se tradujo en algunos amagues de enfrentamientos en los mercados que permanecían abiertos al público.
El paro fue acatado por el sector empresarial, gremial y transporte en su conjunto, además del Gobierno departamental y municipal. No obstante, las instituciones públicas dependientes del Gobierno nacional, como el Servicio de Identificación Personal (Segip), trabajaron con normalidad. Cuéllar dijo que estas instituciones buscan desvirtuar el paro cívico, pero que no lograron ninguna incidencia.
Al promediar las 19:00 horas, Cuéllar puso fin al paro cívico, calificando a éste como “contundente, disciplinado y total”. “Una vez más, Santa Cruz alza su voz. Hacía 10 años que no llevábamos adelante un paro cívico de esta magnitud, porque somos personas de trabajo, de producción, no de conflicto”, dijo.
Indicó además que estas movilizaciones no constituyen el final sino el principio de las protestas ciudadanas que buscan el “restablecimiento de la democracia, el respeto de las decisiones ciudadanas y la defensa inquebrantable de nuestra libertad”.
Añadió que el No a la repostulación de Morales expresado el 21 de febrero de 2016 es una muestra del rechazo a la permanencia en el poder de las actuales autoridades.
“Este régimen hoy pasa por su peor momento político. Es evidente la crisis de Evo Morales y el MAS cuando observamos que los principales departamentos y ciudades del país están hoy movilizados y están demandando el respeto a las leyes”, agregó el cívico.
Por su parte, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, aseguró que se trató de un paro forzado y antidemocrático, puesto que se basó en amenazas y amedrentamiento a quienes pretendían realizar sus actividades cotidianas. Agregó que los bloqueos se los realizó con vehículos de lujo y que esto demuestra que fue impulsado por personas adineradas a quienes no les afecta parar durante una jornada.
En tanto, el presidente Evo Morales dijo ayer que no se debe mezclar la política con el deporte, haciendo referencia a las movilizaciones por el Dakar que se registró en la ciudad de La Paz.
UNA JORNADA DE PARO CÍVICO
- En el kilómetro 17 de la carretera Santa Cruz-Warnes se registró la muerte de un motociclista que impactó en la parte posterior de un camión que se encontraba parado a causa del bloqueo.
- El Comité Pro Santa Cruz se declaró ayer en vigilia permanente y anunció movilizaciones pacíficas en contra de “los abusos del Gobierno central”.
- El Comité Cívico anunció el inicio de un proceso para revocar a los diputados oficialistas que “le dieron la espalda a Santa Cruz”. Además, anunciaron más movilizaciones para reestablecer la democracia en el país.
EXISTEN BS 18 MILLONES PARA IMPLEMENTAR CÓDIGO
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, informó que se han presupuestado 18 millones de bolivianos para la implementación de la primera fase preparatoria de implementación del Código del Sistema Penal.
“18 millones de bolivianos es lo que se ha previsto para esta primera etapa de implementación del Código del Sistema Penal”, dijo Gonzales en conferencia de prensa.
La autoridad legislativa explicó que, para plasmar el cambio en la justicia que se prevé con la nueva norma, se requiere de recursos económicos y que por eso se incluyó en el presupuesto una partida específica para la implementación.
Anunció que entre finales de enero y febrero se reunirá la comisión de implementación y que esa instancia definirá el cronograma para que todo esté listo para 2019.
POLICÍA DESBLOQUEA CARRETERA DE ORURO
El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, informó ayer que una intervención policial logró desbloquear las vías que unen a los departamentos de Oruro-La Paz y Oruro-Cochabamba, según un reporte de radio Fides Cochabamba.
En el caso de los transportistas orureños, accedieron a levantar su bloqueo y permitieron el paso a los buses con cientos que turistas, que desde esta mañana estaban varados en Challapata.
“Se está garantizando (el libre tránsito), pueden viajar, las carreteras están expeditas, estamos nosotros acá desde Caihuasi. El último punto de bloqueo estaba en Cohani camino a Cochabamba, ya han gasificado ese punto y, bueno, las rutas La Paz-Oruro-Cochabamba están completamente expeditas”, informó Quiroga a esa emisora.
EL COMITÉ CÍVICO DE COCHABAMBA FIJÓ PARO DE 24 HORAS PARA EL MARTES
La Asamblea de la Cochabambinidad dirigida por el Comité Cívico determinó un paro de 24 horas para el martes 16 de enero en rechazo al Código del Sistema Penal.
Esta medida coincide con el paro anunciado por el transporte urbano fijado para el mismo día.
Además del paro movilizado, las instituciones cívicas se declararon en estado de emergencia.
“Queremos unificar los esfuerzos que hace cada sector, el objetivo es que el Gobierno abrogue el Código Penal”, dijo la presidenta del Comité Cívico Femenino de Cochabamba, Mauricia Delgadillo.
Informó que el Comité Cívico conformará una agenda de movilizaciones de Cochabamba para hacer una sola fuerza con las medidas de presión con todas las organizaciones.
El presidente del Comité Cívico, David Torrelio, informó que se hará una socialización del código con distintos sectores que son parte de la institución cívica para que estén informados sobre el contenido.
En Potosí, la Federación de Cooperativas Mineras (Fedencomin) se declaró en emergencia también en contra de la nueva normativa penal y pidió su abrogación de lo contrario se sumará a las medidas de presión que lleva adelante el Comité Cívico de Potosí (Comcipo) desde el pasado miércoles. Marchas y protestas se registran en varios departamentos del país con el mismo objetivo.
OPINIÓN
José Antonio Quiroga. Analista
“Expresión de una creciente indignación”
El conflicto comenzó con reivindicaciones gremiales en torno a ciertos artículos del Código Penal y ahora la demanda de muchos sectores sociales es de abrogación completa de esa norma. Es inevitable que esta movilización nacional relacione la impugnación del Código con otros hechos recientes: la sentencia habilitadora del TCP, el desconocimiento del referendo del 21F y la validación gubernamental de las elecciones judiciales, en las que el voto nulo fue mayoritario.
La articulación de diferentes sectores en torno a este conflicto se da como expresión de una creciente indignación frente a la deriva autocrática del régimen. Ya no son sólo fracciones de las clases medias sino de sectores populares que apoyaron el proceso de cambio y que están completamente desencantados con el MAS.