Ven riesgos en el proyecto de ley que da inmunidad a militares

El proyecto de ley anunciado por el presidente Evo Morales para dar mayores competencias a las Fuerzas Armadas, (FFAA) y Policía en la lucha contra el contrabando, incluyendo el uso de armas en casos específicos, es un riesgo para la vida misma, ya que abriría la puerta a un uso discrecional de equipos militares, además de que se ponen en duda principios constitucionales como el de que Bolivia es un Estado pacifista y también el debido proceso, aseguraron dos expertos.

El expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia César Cabrera y el constitucionalista Carlos Borth aseguraron que, de prosperar esta propuesta, significaría cambiar también al menos tres leyes: la Ley Orgánica de las FFAA, la Ley Orgánica de la Policía y el Código Penal.

Cabrera explicó que, como está planteada la propuesta, significaría que se abren las puertas para un uso discrecional por parte de las FFAA o Policía de sus armas, quitándoles la responsabilidad por ello. “Es cierto que por la naturaleza el militar y el policía en casos extremos están autorizados para hacer uso de sus armas, pero ya este proyecto resultaría un exceso legalizar el uso de sus armas, eso contradice el postulado de ser un Estado pacifista, desde la Constitución y también la jurisprudencia internacional”, dijo.

Explicó que la norma debería cumplir con el principio de taxatividad, que señala que cada artículo debe ser específico y claro, sin dar lugar a dudas en la interpretación. “Qué pasa si un soldado, en su razonamiento, encuentra que un operativo contra ropa usada es de alto riesgo. Ahí no hay proporcionalidad. O si un policía decide disparar contra un vehículo chuto con pasajeros que no tienen nada que ver con el dueño. Entonces no es claro y se abre la puerta a un uso indiscriminado de armas que puede afectar el derecho fundamental que es la vida misma”, explicó.

Por su parte, Carlos Borth mencionó que es mejor esperar a conocer el proyecto de ley en su integridad, pero que la idea de una ley así tiene ya de por sí ciertas complicaciones. “Es muy riesgoso, por eso es que ningún país o casi ninguno tiene a su Ejército en tareas de seguridad ciudadana. Eso es tarea de la Policía, que tiene una formación para eso”, explicó.

Dijo que una norma de ese tipo “puede tener consecuencias insospechadas”, no sólo en cambios que deberán incluirse en otras leyes, sino en la concepción misma de la institución castrense.

“No es un tema sencillo, no es casualidad que muy pocos países involucran a las FFAA”, dijo al mencionar el caso de México, donde las FFAA cumplen tareas de lucha contra el narcotráfico a pesar de que el tema aún no tiene una definición jurídica precisa.

Explicó que la formación profesional de las FFAA es muy distinta a la de la Policía. La primera está especializada en planes de seguridad nacional, peligros externos e inteligencia militar. En tanto, la Policía está enfocada a la seguridad interna y cumplimiento de la normativa. “La Policía se dedica a la seguridad ciudadana, eso no es algo para lo que las FFAA están entrenadas”, dijo.

Por su parte, Cabrera anticipó que llevar adelante una norma así implicaría la reforma de dos leyes y la inclusión de tipos penales en el código. Sin embargo, no dudó al decir que “ese proyecto es inconstitucional y va a generar el rechazo de la población”.

Piden militarizar

El senador Arturo Murillo (UD) pidió ayer al presidente Evo Morales militarizar las zonas fronterizas que son consideradas rojas por su alto índice de contrabando, en este caso el municipio de Sabaya, donde murieron dos militares.

Murillo aseveró que no es necesario el proyecto de ley, para que los militares usen arman en la lucha contra el tráfico ilegal de mercadería, tal como lo propone el jefe de Estado, puesto que hay una normativa vigente que autoriza el uso de armamento a miembros del Ejército para evitar este delito.

Por su parte, el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, manifestó las FFAA no se moverán de Sabaya hasta dar con los responsables de acabar con la vida de los dos militares.

Asimismo, advirtió que los contrabandistas se arriesgan a perder la vida si siguen cometiendo delitos.

“Quienes (hacen contrabando y) se enfrentan ahora a las Fuerzas Armadas ponen en riesgo su vida, porque ante cualquier uso de armas de fuego o de explosivos, las Fuerzas Armadas van a responder con lo mismo”, declaró el Ministro.

2 muertos en Sabaya. Contrabandistas mataron a dos militares en Sabaya, Oruro, lo que motivó el proyecto de ley.

DATOS

Proyecto de ley está en Comisión de la ALP. Según la diputada Shirley Franco, la propuesta está en la Comisión de Gobierno y FFAA y se prevé que hoy se inicie su tratamiento.

Propuesta de Evo ofrece uso de armas y fuero. El proyecto, que no fue conocido en su totalidad, plantea la autorización de armas de fuego a las fuerzas que luchan contra el contrabando. La propuesta plantea que los uniformados tampoco podrán ser procesados por la represión al contrabando.

Gobierno advierte a contrabandistas. El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, dijo a los contrabandistas y “chuteros” que se dediquen “a otra cosa”, puesto que las Fuerzas Armadas responderán con armas si es que son atacadas.

OPINIONES

"Quienes se enfrentan ahora a las Fuerzas Armadas ponen en riesgo su vida, porque ante cualquier uso de armas de fuego o de explosivos, las Fuerzas Armadas van a responder con lo mismo". Javier Zavaleta. Ministro de Defensa

"En la línea planteada, ese proyecto es inconstitucional y contrario al derecho internacional, porque va contra el Estado pacifista, incumple también con principios de taxatividad. Una norma así tiene que ser absolutamente clara y concreta". César Cabrera. Expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia

DETENIDOS CONTACTARON A CHUTEROS ARMADOS PARA RECUPERAR LOS AUTOS

Las tres personas que fueron enviadas ayer a la cárcel de San Pedro de Oruro, con detención preventiva, habrían organizado un grupo delincuencial para recuperar los vehículos que fueron incautados por personal de la Unidad de Control Aduanero (UCA) y que terminó con la muerte de dos militares.

La Fiscalía imputó a Zulma Mamani Marca de Gómez, Marín Mamani Layme y Gabriel Tancara Poma por la presunta comisión del delito de asesinato en grado de autoría.

“El Ministerio Público presentó todos los elementos que evidencian que estas personas son con probabilidad autores del delito imputado”, explicó el fiscal departamental de Oruro, Mario Rocha.

El 11 de marzo de 2018 aproximadamente a las 9:00, el personal de la UCA interceptó varios vehículos indocumentados en la localidad de Lliscaya en Oruro procedentes de territorio chileno.

Estos ciudadanos, según la relación circunstancial de los hechos, al enterarse de que la UCA interceptó varios vehículos indocumentados, se constituyeron en la comunidad de Cahuana, donde tomaron contacto por personas vinculadas al contrabando y organizaron un grupo delincuencial con armas y explosivos para recuperar los motorizados.

Entierro

En medio del dolor de familiares y amigos se realizó el entierro de Fidel Chávez en Oruro; mientras que el cuerpo de Vladimir Siñani fue trasladado hasta la localidad de Batallas en La Paz.

ANÁLISIS

Rodrigo Gazahui. Especialista en DDHH

Un peligro para la  sociedad y Estado de derecho

Las leyes que permiten excesos del Estado son peligrosas para la sociedad civil y para el Estado de derecho, las leyes que transgreden derechos fundamentales suelen ser, al final de cuentas, un instrumento represor del Estado que encuentra en cualquier justificativo una ocasión para vulnerar la Constitución, y lo más riesgoso es que permitir este tipo de transgresiones suele tener efectos negativos a largo plazo, pues lamentablemente quien termina pagando la factura es la sociedad y las personas que injustamente pierden la vida, propiedad, integridad física u otros derechos.

Éste es el tipo de leyes que permiten disparar primero y luego hacer las preguntas, es una invitación a los agentes estatales a cometer excesos y estar exentos de responsabilidades bajo el justificativo de “ser un caso de fuerza mayor”. Muy conveniente para quienes detentan el poder y la fuerza, pero trágico para la Constitución, el debido proceso y los derechos humanos, pues tal acción es similar a tomar la justicia por mano propia. La subjetividad de delimitar “un caso de fuerza mayor” es grande, como la transgresión constitucional.