Ronald Nostas: “La presión salarial está llegando a un límite riesgoso”

Los empresarios del país aguardan expectantes la decisión del Gobierno sobre el aumento salarial para este año. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, reiteró que es un tema sensible para todos los sectores y el país por sus efectos.

¿Qué esperan del Gobierno después de haberle transmitido su preocupación?

- En la reunión con el Ministro de Economía y la Ministra de Planificación, explicamos ampliamente los efectos perjudiciales que están teniendo los incrementos salariales desmedidos, sobre el empleo, la productividad y el crecimiento. Tenemos análisis, basados en datos oficiales, que muestran que hay una relación directa entre el aumento excesivo del salario mínimo y el incremento del desempleo, el empleo precario y la informalidad. A esta reunión, no fuimos a emitir una opinión, sino a mostrar evidencias de un problema que está agravándose y que ya afecta a la mayor parte de los trabajadores y los generadores del empleo del país.

Hemos presentado propuestas concretas, no sólo en materia salarial, sino de empleo y productividad y esperamos que, para tomar la decisión, el Gobierno actúe con racionalidad y coherencia. No se puede discutir salarios y empleo por separado.

¿Qué pasa con el trabajo tripartito: Gobierno-empresarios-trabajadores?

- La necesidad de tener una política laboral coincidente con los objetivos nacionales de crecimiento económico, justicia y bienestar debe ser una prioridad para todos los actores económicos, porque se relaciona directamente con la estabilidad, la seguridad jurídica, el incentivo a las inversiones y la redistribución equitativa de la riqueza. Por eso, la política laboral también forma parte de la agenda público-privada, que desde hace dos años debatimos con el Gobierno.

Creo que el hecho de considerar esta visión integral e indivisible entre salario y empleo es un avance importante que se debe continuar, y como sector privado, la vamos a seguir sosteniendo en las reuniones que tenemos planificadas en las mesas de trabajo.

La decisión que ahora tome el Gobierno adquiere una gran relevancia porque mostrará la decisión de seguir avanzando o de permanecer estáticos en un mecanismo nocivo que ya debemos superar, si queremos construir una política laboral eficiente y justa.

La COB opina que los empresarios se amparan en el cierre de empresas para rechazar el ajuste.

- Respetamos las opiniones de la dirigencia de la COB, pero no las compartimos. En los últimos años se ha incrementado en 300% el salario mínimo nominal nacional y en 90% en el haber básico nominal nacional.

Los empresarios del sector formal, que creamos y sostenemos la mayor parte del empleo en Bolivia, hemos asumido siempre estos costos anuales además del pago del doble aguinaldo y los bonos y subsidios, e incluso hemos impulsado y apoyamos el Plan de Empleos.

Sin embargo, la presión salarial está llegando a un límite que no sólo afecta a la estabilidad y crecimiento de las empresas, sino que está generando una situación crítica a más del 60% de los trabajadores del país que no acceden a este beneficio, porque no tienen el privilegio de tener un trabajo formal y estable, precisamente por la ausencia de una política laboral efectiva y por la presión de los incrementos excesivos en favor del 40% restante.

¿Cuál es el impacto de la política salarial vigente? ¿Refuerza las bases perversas de la informalidad, la precariedad laboral?

- Vemos tres problemas en la política laboral: primero, se basa en el incremento sostenido de costos salariales y no salariales y el endurecimiento normativo en contra del empleador; dos, es aplicable en el sector formal (40% de los trabajadores) pero no en el informal (60%), y tres, se concentra en el incremento anual de los salarios, en desmedro de la calidad del empleo, relativizando el análisis técnico y privilegiando otros criterios más políticos, no exentos de presión de las dirigencias laborales.

Todos estos factores, en un contexto de desaceleración del crecimiento, han llevado a resultados como el incremento del desempleo urbano (4,9% en 2016), con una alta incidencia en mujeres (6,5%) y jóvenes (9,1%), es decir casi 200 mil personas sin trabajo, tan solo en las ciudades.

La informalidad en el empleo alcanzó a casi 61% de la Población Ocupada en 2016 y crece la proporción de los que ganan menos que el salario mínimo (13,9% en 2015 y 16,9% en 2016).

Los más afectados son los desempleados, los jóvenes y las mujeres. Sobre los derechos de los trabajadores, resulta una paradoja, pues cada vez hay más leyes protectivas que alcanzan a menos personas (los que están en la formalidad) y que aportan a la vulneración de los derechos de la mayoría que trabaja en el sector informal y que ingresaron en ese ámbito por efectos de la orientación de la política laboral.

¿Los empresarios se sienten presionados por el Gobierno con este tipo de políticas salariales?

- Aquí la palabra clave es la diversidad. Cuando el Gobierno y algunos dirigentes hablan del empresariado, intentan invisibilizar el hecho de que hay empresas grandes, medianas, pequeñas y que las realidades de los sectores y las regiones son muy diferentes. En Bolivia hay casi 300 mil empresas registradas. De ese total, sólo el 1,1% corresponden a los Grandes y Principales Contribuyentes, que representan el 78,9% de las recaudaciones. Las que absorben la mayor parte del empleo formal son pequeñas y medianas, cuya capacidad y utilidades son mucho menores y, por tanto, tienen dificultades para sostener incrementos altos.

Pero además deben cubrir costos no laborales como subsidios, bonos, primero, y segundo, aguinaldo, el riesgo profesional, quinquenio y otros. Con todo esto, por cada Bs 100 que se paga al trabajador, otros Bs 74 deben ser erogados para todas esas categorías. Es claro que el costo del empleo protegido y formal es alto y que las subidas abruptas de salarios contribuyen a que sea más difícil crear empleo digno.

Este escenario afecta a todos, principalmente a las empresas productivas y a la industria que, además de los incrementos, están presionadas por el contrabando y la informalidad, pero resulta devastador con las mypes de los sectores y las regiones con menor crecimiento.

AJUSTE SALARIAL

¿Cómo se define en otros países?

El Convenio 131 de la OIT instruye a los Estados miembros crear mecanismos que ajusten el salario mínimo periódicamente, sobre las necesidades de todos los trabajadores y sus familias, la situación económica, los requerimientos del desarrollo, los niveles de productividad y la necesidad de alcanzar un alto nivel de empleo. Antes de implementar incrementos, aconseja consultar de manera igualitaria a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.

En la mayoría de los países del mundo (45%), la decisión la asume el Gobierno, en consulta con una instancia nacional especializada y permanente; mientras en el 12% la decisión corresponde a los Gobiernos directamente.

En Latinoamérica, el 42% de los países tiene un sistema en el que la decisión la toma una entidad especializada integrada por Gobierno, trabajadores y empleadores; en el 35% de países la decisión final corresponde al gobierno previa consulta con esta instancia y el 18% el Gobierno en forma directa.

Un aumento del 15% al salario es “insostenible”

La Central Obrera Boliviana (COB) propuso al Gobierno un incremento del 15% al salario mínimo nacional y 10% al básico. Se prevé que la decisión del Gobierno se conocerá antes del 1 de mayo próximo.

¿Qué pasará si se aprueba el ajuste pedido de la COB?

- Un aumento en esos porcentajes es insostenible y colocaría a las empresas en una situación muy delicada.

¿Y sobre la su relación con el Gobierno?

- El sector empresarial es diverso y complejo y me temo que, en muchos sectores y regiones, las mypes pueden reaccionar ante una decisión de esa naturaleza, asumiendo medidas que afectarían aún más a los trabajadores.

Como Confederación, seguiremos insistiendo por todas las vías, para que en esta decisión se imponga la racionalidad y la responsabilidad.

No quiero adelantar ningún criterio porque realmente creo que el Gobierno quiere tratar este tema de manera equilibrada, reconociendo la necesidad de compensar la pérdida del valor adquisitivo de los salarios, pero también cuidando que el empleo no se deteriore más, que la estabilidad de las empresas no se quebrante y que la economía del país no se vea afectada.

¿Cuáles serán las perspectivas del empleo en esas condiciones?

- Nuestro país no puede soportar un aumento de la informalidad laboral por encima de los índices que ya muestra actualmente.

Un informe de 2015 del Banco Mundial nos sitúa como el país con el mayor porcentaje de trabajadores no asalariados (59,9%), por encima de la media Latinoamericana que es del 35%.

Si se aprueban incrementos exorbitantes e insostenibles, entraríamos en un nuevo ciclo de precarización e informalización extrema, rápido aumento del desempleo y pérdida de la capacidad de adaptación de las mypes, lo que puede tener efectos que no se pueden estimar.

 

“Sobre los derechos de los trabajadores, resulta una paradoja, pues cada vez hay más leyes protectivas que alcanzan a menos personas”