Crece la cifra de personas privadas de libertad pese a decretos de indulto
En lo que va de la administración del presidente Evo Morales se han promovido seis decretos presidenciales de indulto y amnistía en beneficio de algunos sectores de los privados de libertad en el país.
Sin embargo, pese a esta normativa —que benefició a casi 5.500 reos, entre mujeres y varones— la población penitenciaria a partir de 2016 creció en más de 20 por ciento.
El documento, que será ratificado hoy por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), establece que los detenidos preventivos o con medidas sustitutivas pueden acceder a la amnistía. A su vez, los detenidos con sentencia ejecutoriada pueden ser beneficiados al indulto parcial o total.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que la cantidad de detenidos preventivos no es un problema de gestión de régimen penitenciario, sino un tema de retardación de justicia. “Tenemos un alto índice de detenidos preventivos, el más alto de Latinoamérica, podríamos concluir consiguientemente que tenemos los niveles más altos de retardación e justicia en la región”, aseveró a la Asamblea en su informe sobre los hechos de Palmasola, el pasado 4 de abril.
El Gobierno anunció la medida de indulto a partir de razones humanitarias. En diciembre de 2012, el Órgano Ejecutivo emitió el primer decreto de concesión de indulto y a éste le siguieron otros cuatro, hasta antes de que se dé a conocer el último, emitido en abril de 2018, que se constituye en el sexto. La norma puede beneficiar a unos 2.735 reos con sentencia o detención preventiva, lo que representa cerca del 15 por ciento de la población carcelaria en el país. Sin embargo, pese a estas medidas humanitarias, la población penal continúa con la tendencia a subir, lo que se representa en las cifras oficiales del Gobierno.
De acuerdo con los datos de 2016, antes de que se emita el último Decreto Presidencial de indulto, las personas privadas de libertad alcanzaban a algo más de 15 mil, cifra que fue superada, según dio a conocer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, llegando a 18.195, que representa un crecimiento de casi el 20 por ciento.
Los cinco decretos presidenciales beneficiaron a algo más de 5.500 reos. El perdón fue aprobado por primera vez en diciembre de 2012. Por la dificultad en los requisitos, se amplió la vigencia cuatro veces: en 2013 (dos veces, marzo y septiembre), en 2014 y 2015, y en diciembre de 2016 se aprobó un nuevo decreto para indultar por delitos leves, sin sentencia y en condición de vulnerabilidad.
El decreto emitido en 2012, permitió que 234 privados de libertad salgan de la cárcel.
En 2013, el indulto benefició a 1.733 presos acusados de delitos menores.
En 2014, al menos 1.698 reos se beneficiaron con el decreto del indulto.
En 2015, 1.698 personas privadas de libertad que fueron las beneficiadas.
En 2016-2017 lograron acceder al beneficio más de 500 personas.
Decreto
El decreto beneficiará en los siguientes casos: procesados cuya pena sea igual o menor a cinco años, procesados cuya pena sea igual a ocho años y se haya afianzado suficientemente o haya acuerdo con la víctima, persona con grado de discapacidad, personas con enfermedad terminal, embarazadas con 20 semanas o más de gestación, mujeres que tengan bajo su custodia niños de seis años o menos y, finalmente, se beneficiarán personas mayores de 65 años.
2 mil personas beneficiadas. El Gobierno prevé que el decreto que será emitido hoy beneficiará a más de 2.700 personas privadas de libertad
EXCLUSIONES PARA ACCEDER A INDULTO
El indulto ni la amnistía no aplica en los siguientes casos: reincidentes y delitos en los que la CPE, el Código Penal y otra norma no admitida por indulto.
Delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado, contra la vida, corrupción, contra la libertad sexual, delitos en los que el Estado es parte querellante o acusadora. También, delitos de terrorismo, genocidio, trata o tráfico, secuestro y robo agravado; así como algunos delitos de sustancias controladas, estafa y defraudaciones.
“LA MEDIDA NO SOLUCIONA LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO”
La adopción de una medida como el indulto es positiva a partir de razones humanitarias, pero no soluciona temas estructurales de la realidad penitenciaria en el país, afirmó el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.
“La decisión de otorgar el beneficio de la libertad a grupos altamente vulnerables como las personas adultas mayores, los enfermos terminales, personas con discapacidad, adolescentes imputables y jóvenes hasta 25 años que hayan cumplido una tercera parte de su condena, padres con hijos menores de 12 años y otros, es una señal de sensibilidad genuina más allá del intento por disminuir los niveles de hacinamiento, pero no es la solución”, sostuvo.
Explicó que, si bien el indulto es humanitario, no soluciona el problema del incremento de la población en los penales.
“La población penitenciaria no va a reducir, porque el problema está en el sistema judicial, en la justicia que ha llenado las cárceles con detenidos preventivos, y los datos demuestran que el 70 por ciento de personas privadas de libertad son preventivos, entonces salen algunos internos pero los jueces continúan enviando más”, reflexionó.
Sin embargo, dijo que una posible solución complementaria al indulto son las manillas electrónicas, medida que se planteó años atrás y que está siendo estudiada. Según Llanos, esto debe ser manejado por el Consejo de la Magistratura y un ente civil para evitar problemas.
