Instruyen revisión de casos para evitar que presos excedan permanencia en cárceles

LA PAZ | 

 

Luego de que se conociera el caso de José Alonzo, un privado de libertad que permaneció por más de siete años en el penal de Palmasola en Santa Cruz cuando su sentencia por robo era de tres años, el Ministerio de Justicia ordenó hoy a las autoridades judiciales realizar una investigación minuciosa en las cárceles del país para detectar hechos similares.

 

"Desde el Ministerio de Justicia se ha instruido a los jueces que se haga una revisión minuciosa de los casos. No puede aceptarse una situación como esa porque es una grave vulneración de los derechos", remarcó el viceministro de Transparencia y Justicia, Diego Jiménez.

 

La autoridad enfatizó en que no se puede permitir que los privados de libertad que ya cumplieron con su sentencia permanezcan al interior de las cárceles, tal como sucedió con José Alonzo en la capital oriental. Añadió que esa situación es un descuido de las autoridades judiciales.

 

"No se puede permitir que aquel privado de libertad que cumplió su sentencia no salga en libertad, es un caso grave. Es un descuido de las autoridades judiciales", aseveró en el programa El Pueblo Es Noticia del canal estatal. Dijo que la mayoría de las personas que se quedan tiempo adicional en los recintos penitenciarios son de escasos recursos, analfabetos y que muchas veces por esas condiciones desconocen los términos de sus sentencias.

 

"Estas personas muchas veces por sus condiciones de vulnerabilidad, de marginalidad, que están en situación de pobreza, disfunción social o tienen defensas carentes no conocen los términos de sus sentencias y dejan pasar el tiempo. Por eso ratificamos y exigimos a los jueces de sentencia revisar minuciosamente esos casos", indicó.

 

La pasada semana, salió a la luz el caso de José Alonzo que fue aprehendido por tentativa de homicidio, pero luego su proceso cambió de causa y fue condenado por robo a tres años en 2013. Sin embargo cumplió más de siete y medio de reclusión. Ante esta situación el poder judicial admitió el descuido de estos casos y lo atribuyó a la sobrecarga laboral.