Mesa dice que se siente “condenado” y no le sorprenderá que hasta agosto sea procesado
El expresidente Carlos Mesa criticó hoy la determinación de la Fiscalía General del Estado de ratificar la denuncia propuesta por la Procuraduría en el caso Quiborax.
Dijo que la decisión es solo un "adelanto de lo que va a pasar" y que se siente "condenado".
En ese sentido, criticó el "tiempo récord" en que se lo busca procesar y calificó al fiscal general, Ramiro Guerrero, como brazo ejecutor del poder Ejecutivo.
"No me sorprenderá que hasta fin de agosto esté yo ya acusado por la Asamblea (Legislativa Plurinacional) y ésta le pasará al Tribunal Supremo de Justicia la acusación para que se me abra el proceso penal correspondiente", manifestó.
El expresidente consideró que la decisión del fiscal confirma lo que vive Bolivia en términos de su democracia. "La criminalización de la política confirmada a través de este mecanismo que sustituye a la dictadura de botas y de charreteras, de tanques y de ametralladoras, por la persecución judicial, a título de investigación y a título de cargas de defensa del Estado", manifestó Mesa en la plaza Murillo.
"Vergonzosa defensa"
En el caso Quiborax, el Gobierno, luego de haber llevado adelante una cuestionada defensa terminó pagando 42,6 millones de dólares como indemnización por la reversión de concesiones en el salar de Uyuni para su explotación. El Gobierno responsabiliza a Mesa por el desenlace de este juicio.
Mesa al conocer la decisión de Guerrero dijo que no se siente acusado, sino que se siente acusador, y acusó al Gobierno y a sus funcionarios involucrados en el caso por la vergonzosa defensa del Estado.
"Acuso al presidente Evo Morales; acuso a su exministro de Defensa Legal del Estado, exprocurador general del Estado y actual ministro de Justicia (Héctor Arce), y acuso al actual procurador general del Estado (Pable Menacho) de haber llevado adelante una de las más vergonzosas defensas que se hayan conocido en función de los derechos y de las seguridades que tenía que guardar el Estado frente a una empresa pirata como es Quiborax", apuntó.
Indicó que en el país se está llegando a un punto tal en que se han invertido completamente los valores. "Si teníamos alguna duda de lo que había pasado en noviembre de 2017 cuando el Tribunal Constitucional en una de sus resoluciones habilita al presidente Evo Morales para ser candidato en 2019, en ese momento se había cruzado una frontera inevitable, una frontera que no tiene vuelta atrás, la frontera de la ruptura de la democracia".
Mesa dijo que pocas veces vio una decisión tan vergonzosa después de haberse llevado adelante "la prueba fehaciente de que la defensa de Bolivia durante 10 años estuvo marcada sobre una base, la base no solo de su ineptitud, sino de mostrarse por algún momento como si estuviera al lado de la empresa Quiborax".
David Moscoso, boliviano, miembro de la empresa, falsificó la composición accionaria de la firma y la hizo de mayoría chilena para llevar a Bolivia ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones). Pese a la confesión y sentencia de Moscoso, la defensa legal de Bolivia no pudo revertir y anular el fallo.
"Pueden imaginarse que una empresa que tiene a falsificadores que falsifican un acta para establecer una mayoría falsa e inexistente de accionistas chilenos puede llegar a un juicio internacional precisamente porque ha falsificado esa acta de composición accionaria", reflexionó Mesa.
Señaló que esos falsificadores "reciben del Estado 42,6 millones de dólares (...), y quienes le permiten después de tres negociaciones vergonzosas: primero ofreciendo tres millones, después 27 millones y después pagando 42,6 millones de dólares, me acusan a mí", cuestionó.
Antecedentes
Las declaraciones se dan luego de que Guerrero, presentara hoy el Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra de Mesa por el caso Quiborax.
En la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado en contra de Carlos Mesa también están contemplados los exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza Mérida; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Gustavo Escobar Rosas; y de Trabajo, Luis Antonio Martín Fernández Fagalde.
Los cargos por los que se instauró la denuncia son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
