Mesa dice que Quiborax condicionó al Gobierno para dejar a Allan Fosck

País
Publicado el 12/07/2018 a las 0h33

El expresidente Carlos Mesa denunció que la empresa Non Metallic Mineral-Quiborax y el Gobierno, a través de la Procuraduría General del Estado, negociaron levantar la acusación por falsificación que pesaba sobre el chileno Allan Henry Fosck Kaplu, para proceder con el pago de 42,6 millones de dólares, resarcimiento económico que dispuso el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). La Fiscalía de La Paz aún no dio su versión.

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“La condición que puso Quiborax para aceptar el acuerdo con Bolivia es que se saque del juicio a Allan Fosck, es decir, nuestra justicia, en un mismo caso, condena a David Moscoso a dos años de cárcel y en el mismo caso sobresee al señor Fosck, y ¿qué es lo más importante? Que quien se compromete a que eso ocurra es la Procuraduría General del Estado”, manifestó.

Luego de que se conociera que el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, desistió del proceso en contra de ocho procesados por los delitos penales en la constitución del capital accionario de Quiborax, que permitió el arbitraje en contra de Bolivia, el diputado Wilson Santamaría anunció una querella en su contra.

Santamaría exigió que el fiscal Blanco devele quién le ordenó el desistimiento del proceso contra quienes eran acusados de falsificación de documentos para la constitución del capital accionario de la empresa Non Metallic Minerals-Quiborax y que permitió el inicio de una demanda en el Ciadi.

Por su parte, Mesa dijo que la condena significa el reconocimiento de que hubo falsificación, una sentencia ejecutoriada, pero que no se cumple en un penal por el perdón judicial y con el pago de la ínfima suma de 1.000 bolivianos, para llevarse millones de dólares.

Recordó que el documento falsificado permitió justificar a la sociedad NMM- Quiborax, que tenía una composición accionaria con mayor presencia chilena, lo que al final le habilitó para acudir al Ciadi y demandar a Bolivia para lograr el pago de una compensación.

De acuerdo con los documentos de retiro de la denuncia, el 5 de junio de 2018, la Fiscalía y el querellante retiraron sus acusaciones; el 6 de junio se leyó la sentencia final; el 7, el procurador del Estado, Pablo Menacho, y el ministro de Minería, César Navarro, suscribieron el pago de 42,6 millones de dólares, además de alegar en la oportunidad el ahorro de una importante suma para el país.

Denuncia de funcionarios

Blanco informó a ABI que está en evaluación y análisis la demanda que presentó el expresidente Carlos Mesa, contra dos ministros de Estado y exautoridades por el caso Quiborax.

“La Fiscalía General del Estado de Sucre remitió al Ministerio Público de La Paz la denuncia que instauró el expresidente”, confirmó.

Explicó que la acusación se está procesando como cualquier otra denuncia y está a cargo de los fiscales analistas para después emitir un criterio oficial.

“Somos serios en la información, no entraremos a especular de ninguna naturaleza, como algún medio de comunicación, debido a la importancia que reviste este caso para la sociedad”, advirtió.

 

44,3 millones de dólares. El monto total que gastó Bolivia por el arbitraje de Quiborax asciende a 44,3 millones de dólares .

 

EXPRESIDENTE IRÁ A OTRAS INSTANCIAS

El expresidente Carlos Mesa acudirá a organismos internacionales cuando agote su defensa ante la justicia boliviana, tras el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en su contra. “Sin duda que sí, en el momento en el que haya agotado todas las instancias jurídicas del país (…) esto todavía no ha terminado, por supuesto que iré a una instancia internacional”, dijo.

 

IRREGULARIDADES, SEGÚN MESA

  1. Falla acuerdo por montos menores. A pesar de haber llegado a un acuerdo conciliatorio verbal entre Bolivia y la parte demandante por una indemnización de 3 millones de dólares, la Procuraduría desiste del pago.
  2. Socio falsifica documentos. En 2009 el socio boliviano de Quiborax, David Moscoso, confesó el delito de falsificación del capital accionario de la empresa, forzando un capital mayoritario chileno.
  3. Se filtran documentos. El ministro de Justicia, Héctor Arce, minimizó la filtración de documentos clave de la defensa de Bolivia. La exsubprocuradora Carmiña Llorenti prestó su computadora a gente de Quiborax.

 

FALLAS DE PROCESO, SEGÚN MESA

  1. Excluyen a Eduardo Rodríguez Veltzé. Una falla procedimental de investigación está referida a la no convocatoria del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) dentro del proceso de investigación.
  2. Llorenti no acude como testigo. La exsubprocuradora Carminia Llorenti, que filtró documentos confidenciales, no acudió como testigo en la etapa previa de investigación, pese a que fue notificada por la Fiscalía.
  3. Dividen el caso en dos partes. El caso fue dividido al enviar el caso de Carlos Mesa al Tribunal Supremo de Justicia como juicio de responsabilidades, y a otras autoridades a la Fiscalía Departamental de La Paz.
  4. Fiscalía omite argumentos. La Fiscalía no tomó en cuenta la fase de extinción de las concesiones y expulsión y la forma de cómo se llevó la parte de la defensa ante el arbitraje.

 

NAVARRO CUESTIONA A MESA POR NO DECLARAR

ANF

El ministro de Minería, César Navarro, sostuvo ayer que el expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, sólo tergiversa la realidad de manera absurda y no responde hasta el momento sobre su responsabilidad política en el caso Quiborax, por el que el Estado pagó 42,6 millones de dólares como compensación.

“Carlos Mesa no ha respondido las 20 preguntas que le ha hecho la Fiscalía sobre el caso Quiborax, se ha atenido al derecho al silencio entre comillas y lo que ha hecho es salir a acusar con recortes de periódicos, y eso me parece un acto completamente irresponsable”, manifestó la autoridad.

Mesa es investigado por presunto daño económico al Estado en un laudo arbitral en el que Bolivia pagó $us 42,6 millones a Quiborax. En contraparte, el expresidente sostiene que la administración de Evo Morales busca endilgarle la responsabilidad de su mala defensa.


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