Mesa a García Linera: Tengo derecho de hacer política para defender el 21F
El expresidente, Carlos Mesa, respondió en su cuenta de Twitter a las declaraciones del vicepresidente, Álvaro García Linera, y defendió su derecho a hacer política.
"Como ciudadano tengo el derecho de hacer política como y cuando quiera, en el marco de la ley, sobre todo para combatir el autoritarismo de su régimen defendiendo el 21F", escribió el exmandatario.
Y por cierto, vicepresidente, el monopolio de la política no lo tiene su gobierno. Como ciudadano tengo el derecho de hacer política como y cuando quiera, en el marco de la ley, sobre todo para combatir el autoritarismo de su régimen defendiendo el 21F
— Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) 26 de julio de 2018
En otro tuit, Mesa señaló que defenderse de acusaciones sin fundamentos no es hacer política, es "enfrentar la maquinaria del Ejecutivo que tiene al poder judicial a su servicio".
Señor vicepresidente, defenderme de acusaciones sin fundamento de quienes son responsables de daño al Estadono no es hacer política, es enfrentar la maquinaria del ejecutivo que tiene al poder judicial a su servicio
— Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) 26 de julio de 2018
García aseguró que Mesa "es un político con delirio de persecución y de figuración" que utiliza el enjuiciamiento por el caso Quiborax para "victimizarse".
En la misma línea solicitó a los opositores del presidente Evo Morales que "dejen de ser farsantes" y hagan algo "productivo". "Esperemos que ahora por lo menos le den a la población una propuesta de país", agregó.
Ayer, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió enviar la proposición acusatoria contra Carlos Mesa ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por el caso Quiborax.
Antecedentes
La empresa chilena Quiborax, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.
Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.
En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, la empresa chilena demandó ante el Ciadi a Bolivia por 66 millones de dólares.
En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.
El Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó Ciadi y acordó un pago de 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, tras un acuerdo con la misma.
