Hay 16 postulantes ligados al Ejecutivo y sectores sociales
Varios de los 40 postulantes a Fiscal General del Estado que aún quedan en carrera, tuvieron vínculos con el Ejecutivo, trabajaron para organizaciones sociales afines al oficialismo o están vinculados a casos polémicos. Una revisión de las hojas de vida de los candidatos apunta a que al menos la mitad trabajó en entidades del Estado y cinco de ellos fueron duramente cuestionados por la oposición por ser de la “primera línea” del Gobierno o por liderar casos judiciales contra opositores.
En las hojas de vida, publicadas en la página web del Senado, se puede verificar que 12 postulantes trabajaron en ministerios, instituciones descentralizadas o empresas estratégicas del Estado como YPFB, mientras cuatro candidatos fueron asesores de organizaciones sociales como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) o el Consejo de Ayllus y Marqas del Qollasuyo. Algunos de estos postulantes ocuparon cargos fiscales, pero por poco tiempo.
En tanto, 13 candidatos tienen una carrera fiscal de varios años en distintos departamentos y ocho trabajaron en tribunales de justicia o fueron vocales o magistrados en diferentes tribunales del órgano de justicia. Otro grupo de postulantes tiene una amplia carrera docente, pero menor experiencia como fiscal o carrera judicial.
Entre los postulantes más observados están Jorge Pérez, exministro de Gobierno y exviceminsitro de Régimen Interior; Oswaldo Valencia, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que avaló la reelección de Evo Morales; Edwin Blanco, fiscal departamental de La Paz que dirigió varios casos polémicos; Williams Dávila, fiscal del caso Porvenir, y Ever Veizaga, del Ministerio de Justicia.
SE INICIA REVISIÓN DE MÉRITOS Y EXÁMENES
La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) inició ayer la etapa de evaluación curricular, escrita y entrevistas a 40 postulantes a Fiscal General del Estado, informó la presidenta de esa instancia y senadora del MAS, Adriana Salvatierra.
Detalló que la evaluación curricular se realizará en los próximos cinco días y que se calificará sobre 40 puntos, donde se evaluará la experiencia laboral y cursos de postgrado, entre otros.
Entre el 19 y 20 de septiembre próximo dijo que se prevé realizar el examen escrito sobre 30 puntos, en el que se sorteará 60 preguntas sobre siete temáticas de derecho penal.
