Ministerio de Justicia denuncia tres hechos de corrupción tras intervención en Riberalta
A inicios del mes, el Gobierno mediante la Comisión Interinstitucional de Acción Inmediata (CIAI) intervino el municipio de Riberalta, Beni, y detectó tres hechos de corrupción donde están vinculados funcionarios municipales, de Derechos Reales, empresarios e incluso un vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ).
"Son tres denuncias de corrupción muy graves y tienen que ser investigadas inmediatamente, tienen diferentes tiempos en su ejecución", informó el viceministro de Transparencia Institucional y lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez.
La primera denuncia implica al vocal del TDJ, Haider E. Entre 2015 y 2016 Haider fungió como asesor del alcalde de Riberalta y en esa condición habría invertido dinero en una empresa para que se adjudique el mantenimiento de una avenida principal del municipio por un monto mayor al millón de bolivianos.
La empresa Dianita no cumplía con los requisitos para adjudicarse la obra, pero con la intervención del asesor y el dinero que puso, logró hacerse con el contrato, señaló Jiménez.
Además, dijo el viceministro, Echalar desde que era asesor hasta que asumió como vocal (actualmente), su patrimonio sospechosamente ascendió de Bs 1.862.835 a Bs 4.731.467. También se presume que incurrió en irregularidades en sus declaraciones juradas.
Jiménez adelantó que procesarán al vocal por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas.
El segundo caso denunciado tiene que ver con la venta de propiedades estatales en la urbanización Santo Domingo.
El viceministro indicó que en 2003 se conformó la urbanización Santo Domingo por un privado, y éste en 2008 trasfirió un 40% de esa propiedad (15 manzanos), tal como manda la ley, al Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta (GAMR) para áreas de mantenimiento y equipamiento públicos.
Sin embargo, de esos 15 manzanos ocho se vendieron a particulares en 2009, lo que no se puede hacer si no hay una Ley que de curso a esas transferencias.
El municipio en 2018 tomó conocimiento de que habría hecho estas supuestas transferencias ilegales, pero la misma Alcaldía certificó que tales registros tampoco aparecen en los sistemas de recaudaciones dentro del municipio, lo que comprueba la falsedad del hecho.
"Están involucrados funcionarios públicos, encargados del catastro municipal de Riberalta, personal de Derechos Reales que nunca deberían haber aceptado el registro de esa propiedad (...), notarios de fe pública" informó Jiménez.
El tercer caso denunciado revela que la Empresa Constructora Tacher se adjudicó un contrato para el mantenimiento de la plaza Conavi y la plaza 3 de febrero por un monto de Bs 99.000. Esta empresa sin cumplir el contrato recibió la totalidad del pago.
Jiménez dijo que, en este mes, junto a la Comisión inspeccionaron las plazas y vieron que no se realizaron las refacciones ni todo lo que establecía el contrato. Peor aún, dicha empresa para subsanar ese incumplimiento, días antes en horas de la noche, pretendía subsanar el incumplimiento.
El Viceministro señaló que denunciarán a la representante legal de la empresa, Nelly Mauren R. M., por el delito de incumplimiento de deberes.
También serán procesados los funcionarios municipales de Riberalta: Hugo H. A. (secretario de planificación y desarrollo territorial), Fedra Luz Q. G., Erika C. G. y Giovanni F. V., todos por incumplimiento de deberes.
