Caso Ceballos divide al MAS y suman pedidos de renuncia
La continuidad del magistrado Orlando Ceballos en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), acusado por su esposa de agresiones físicas y psicológicas, dividió al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Ayer, la Gobernación de Chuquisaca, de filas del MAS, se pronunció a favor de la autoridad. “El magistrado Ceballos tiene la total libertad, funcionalidad, de acuerdo a la Ley y por retractación de la víctima, para que pueda asumir su trabajo correspondiente”, dijo la directora de Igualdad de Oportunidades y de Género de la Gobernación, Esperanza Guevara.
“Apoyamos la decisión de la víctima que se ha retractado, la ley establece que ella puede hacerlo y en este caso ocurrió eso”, explicó la funcionaria a tiempo de señalar que los diputados y senadores no tienen potestad para pedir su renuncia.
En la misma línea, el dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca, afín al MAS, Marcelino Flores, dijo a Correo del Sur que la oposición pretende hacer política con el tema y respaldó el retorno de Ceballos.
Otro dirigente de los interculturales de Chuquisaca, también aliada del MAS, Beymar Acuña, destacó la labor del magistrado Ceballos y dijo que “marcó línea” en el TCP porque “siempre ha defendido la sentencia constitucional que ha dado paso a la repostulación del presidente Morales”.
Sin embargo, las voces que piden la renuncia del magistrado siguen creciendo en el oficialismo y la oposición. El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), advirtió que “no hay cortes celestiales ni funcionarios inmunes” y dijo que si bien el Legislativo no puede exigir su renuncia, sí puede iniciar juicios de responsabilidades.
Borda se refirió así a la decisión del TCP que la noche del martes aceptó el retorno de Ceballos, tras cumplir una licencia, aduciendo que la Sala Plena no tiene potestad para pedir la renuncia del magistrado.
La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra (MAS), rechazó también el retorno de Ceballos y aseguró que éste debería renunciar. La jefa de Bancada del MAS, Betty Yañíquez, advirtió en su momento que el magistrado irá a juicio de responsabilidades si es que no dimite a su cargo.
El magistrado fue denunciado ante la Policía por agresiones contra su esposa, Carmela T.,el pasado 10 de marzo. Posteriormente, la mujer se retractó, aunque la Fiscalía siguió el caso de oficio. Ceballos pidió licencia de 20 días para defenderse y el martes pasado regresó al TCP, señalando que “arribó a una solución en su problema circunstancial”.
En días pasados legisladoras del MAS se pronunciaron exigiendo la renuncia del magistrado, al igual que las diputadas y senadoras de la oposición.
20 días de licencia en el TCP. El magistrado Orlando Ceballos pidió 20 días de licencia en el TCP, pero luego volvió a pesar de los pedidos de renuncia.
DATOS
Según la denuncia, Ceballos agredió varias veces. La Defensoría del Pueblo señaló que la declaración de Carmela T. en la Policía refiere “varias y reiteradas agresiones físicas y psicológicas” desde el principio de su matrimonio. Ella es funcionaria del Consejo de la Magistratura.
Tribuno volvió a su cargo y no da declaraciones. El magistrado Orlando Ceballos retornó a su cargo el pasado martes tras cumplir una licencia. El magistrado evita hablar con medios y dar declaraciones.
DEFENSORÍA Y ACTIVISTAS EXIGEN SALIDA DE TRIBUNO
La defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, y más de 50 organizaciones de la sociedad civil exigieron que el magistrado Orlando Ceballos renuncie, porque su cargo es incompatible con una acusación de violencia reiterativa.
“El magistrado Orlando Ceballos no puede desempeñar el cargo por encontrarse su imparcialidad comprometida. Caso contrario, que la Sala Plena declare la cesación del magistrado o que la Asamblea Legislativa inicie un juicio de responsabilidades”, dijo Cruz.
En tanto, más de 50 colectivos de derechos humanos, plataformas y activistas firmaron una carta conjunta exigiendo que Ceballos deje el cargo por incompatibilidad.
En tanto, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo que la situación del magistrado está en manos del juez que lleva el caso, que tiene tres días para definir si se cierra o no la investigación.
