TSJ pide investigar alteración de fallo que dejó libre a Montenegro

País
Publicado el 16/05/2019 a las 1h46

El caso Montenegro enloda más al Órgano Judicial. Ayer, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, anunció un proceso penal a los responsables que presumiblemente suprimieron o adicionaron parte del contenido del Auto Supremo 075/2015 para evitar la aprehensión y extradición de Pedro Montenegro Paz, el narcotraficante que involucró en sus actividades ilícitas a miembros de la Policía y el Órgano Judicial.

“El auto supremo, que es firmado por los nueve magistrados, dispone detención preventiva con fines de extradición y la lógica consecuencia es que se emita el mandamiento correspondiente. Probablemente haya habido una supresión de esa última frase para los fines de la acción de libertad que, precisamente, en base a ese argumento, a esa supresión, se concedió la acción de libertad”, explicó.

Señaló también que es necesario determinar si la supresión se originó en el TSJ, pues, en ese caso, denunciará de manera inmediata al Ministerio Público para que investigue por los delitos de falsedad material y falsedad ideológica “a cualquier persona involucrada en esa supresión de la redacción del Auto Supremo”, incluyendo a los entonces magistrados.

Montenegro ganó, en diciembre de 2015, una acción de libertad que, aunque luego fue revocada por el Tribunal Constitucional, sirvió al extraditable para frenar el proceso en su contra. Los argumentos del juez que emitió la acción a su favor fueron las diferencias existentes en el Auto 075 en su versión digital con la impresa.

Cabe mencionar que el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, presentó el pasado sábado un diagrama de vínculos supuestamente relacionados con las actividades ilícitas de Montenegro. La lista incluye a cuatro miembros del Órgano Judicial, entre ellos el exmagistrado Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, quien también es uno de los firmantes del Auto 075.

Dávila dijo que esas cuatro personas “tal vez influenciaban (a favor de Montenegro) en su problema procesal que tenía en Brasil”.

Sin embargo, Hurtado, a través de un comunicado, negó haber tenido algún tipo de relación con Montenegro y, a modo de coadyuvar con las investigaciones, dijo que solicitará que se presenten ante las instancias correspondientes los registros y cámaras de seguridad del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, el delegado del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, José Antonio Baldelomar, informó que se espera el pronunciamiento de la Unidad de Control, Fiscalización y Transparencia respecto a la investigación disciplinaria que inició en contra del juez vocal José Paniagua y el juez Darwin Vargas, quienes fueron vinculados a Montenegro por la Policía.

Al respecto, Vargas manifestó ayer su disponibilidad a colaborar con la investigación, negando así el supuesto vínculo.

El Ministerio Público también investiga presuntos nexos entre Montenegro y la magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, Joyce Choquerive, por aparecer en una fotografía en una de las viviendas del narcotraficante. Choquerive admitió haber estado en mencionado inmueble, pero dijo que desconocía que era de propiedad del extraditable. “Realicé la sesión fotográfica con la autorización de la propietaria, que es Jennifer, la esposa del señor Pedro”, dijo.

 

16 personas fueron citadas a declarar por el caso Montenegro. A la fecha han declarado al menos 10 personas; cinco están detenidas.

 

POLICÍAS DECLARARÁN POR NEXOS CON NARCO

Juan Carlos Villca y Diego Sánchez Rivera, dos policías en grado de teniente que aparecen, por separado, en una fotografía y un video con Pedro Montenegro Paz, prestarán declaración hoy en la Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz.

En su declaración, Montenegro dijo que tiene una relación de amistad con Villca, pero que nunca trabajó con él.

Indicó también que Sánchez solamente es “un conocido” y que tampoco trabajó con él.

En la declaración también surgen nombres de otros policías, como José Miguel Saldaña Mullicundo y Carlos Quiroga Medrano, quienes —según Montenegro— trabajan en la Felcc.

 

OPINIONES

"Montenegro tiene un proceso por narcotráfico en Brasil y no se presentó para asumir su defensa, por eso, la Interpol emitió la notificación con sello rojo". Carlos Romero. Ministro de Gobierno.

"En los allanamientos que han hecho donde él (Montenegro) vivía, no han pillado ni un solo gramo de sustancias controladas. Vamos a solicitar la cesación a la detención". Ariel Góngora. Abogado de P. Montenegro.

 

JUSTICIA OTORGA MEDIDAS SUSTITUTIVAS A TRES PERSONAS VINCULADAS A MONTENEGRO

JOSUÉ HINOJOSA

Giovanka Fernández y Adriana Méndez, dos mujeres que intercambiaron llamadas telefónicas con Pedro Montenegro mientras éste era buscado por la Policía, fueron beneficiadas con medidas sustitutivas a la detención preventiva tras realizarse ayer su audiencia cautelar.

La jueza Ana Gloria Rojas ordenó el arresto domiciliario en horario nocturno, la obligatoriedad de presentarse a la Fiscalía una vez por semana y una fianza de 300 mil bolivianos para Fernández y 100 mil para Méndez.

Fernández, esposa de Mauricio Higa, un empresario constructor que guarda detención preventiva por ser un supuesto testaferro de Montenegro, alegó su inocencia al afirmar que no tiene ningún vínculo con el narco.

Méndez, por su parte, dijo que su “único delito” fue haber tenido una relación sentimental con Montenegro, ignorando que éste era casado.

Por otro lado, el exoficial de Registro Civil Ángel Toledo Tórrez, quien extendió el año 2009 un certificado de nacimiento falso a Pedro Montenegro, con el nombre de Pedro Hoffman Sáenz, también recibió arresto domiciliario al término de su audiencia cautelar.

Eliana Fernández, abogada de Toledo, aseguró que éste es una víctima más del narcotraficante, quien presentó todos los requisitos necesarios para la entrega del certificado de nacimiento. Además, aseguró que Toledo derivó la documentación a la entonces Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, la cual aprobó la entrega del certificado a través de una resolución.


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